Un estudio realizado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) recomendó la privatización de las autopistas de peaje en Puerto Rico en manos del gobierno ante lo que se describe como la inhabilidad histórica de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en proveer un mantenimiento adecuado a esas carreteras.
Asimismo, se proponen aumentos anuales a las tarifas de peaje de 1.5% unido al alza anual en el Índice de Precios al Consumidor.
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El Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la ACT presentado recientemente por la Junta de Control Fiscal (JCF) se sustenta en parte en el aumento a los peajes por los próximos 30 años. De hecho, el ente federal había incluido en el PAD un alza de 8.3% en las tarifas de los peajes durante los próximos tres años.
Las autopistas cuya privatización se recomienda por el estudio de la AAPP son la PR-52 (Autopista Luis A. Ferré), PR-53 (Autopista José Celso Barbosa), PR-20 (Expreso Rafael Martínez Nadal) y la PR-66 (Autopista Roberto Sánchez Vilella). Actualmente, se encuentra privatizadas las carreteras PR-22 (Autopista José De Diego) y PR-5.
El estudio consideró una serie de opciones, que incluyeron desde dejar las autopistas en manos de la ACT hasta varias formas de privatizar las vías de rodaje. Una de las opciones planteaba privatizar únicamente la PR-52, descrita como la vía con peajes más extensa de la isla que sirve a 15 municipios y es un enlace crítico entre San Juan y la actividad económica en la región sur.
Tanto esa opción, como la privatización de las cuatro autopistas establecen un pago inicial al gobierno por parte del privatizador que puede ser utilizado para pagar la deuda de la ACT y realizar mejoras capitales.
“Los resultados del estudio sugieren que una opción de concesión de todas las Carreteras de Peaje parece deseable y conveniente para la ACT en comparación con la concesión de la PR-52 y las opciones restantes dentro de este estudio. Una concesión de todas las carreteras de peaje presenta una oportunidad para que la ACT genere un pago de concesión por adelantado que podría usarse para proporcionar una inversión de capital inicial para mejorar significativamente la calidad de las carreteras de peaje y lograr un buen estado de conservación. Alcanzar un buen nivel de reparación contribuirá a evitar sanciones federales y permitirá a la ACT dirigir fondos federales a otras instalaciones de carreteras sin peaje. Como tal, los usuarios se beneficiarán de una red vial mejorada que históricamente ha presentado desafíos bajo el Status Quo”, recomienda el estudio.
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Entre los “beneficios” de establecer una alianza público privada para la operación de las cuatro autopistas, el estudio menciona que los “posibles aumentos de peaje negociados pueden mejorar el valor de los activos”. Se destaca que debido a factores políticos y socioeconómicos en Puerto Rico los peajes de esas cuatro autopistas no se revisan desde 2005, por lo que las tarifas actuales no están alineadas con los costos operacionales.
La AAPP recibió comentarios sobre el estudio hasta el pasado 25 de abril. Paralelamente, se solicitaron comentarios de la industria para medir el interés y las consideraciones sobre la estructura de transacción recomendada.
Se anticipa que la fase de Request for Proposals conducente al establecimiento de la alianza público privada dará inicio entre el segundo trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023.
Aquí puedes ver el estudio:
