Recaudador político que impulsó aspiración de Pierluisi se declara culpable de falsificar información del Super PAC

Fuentes Fernández, según el acuerdo de culpabilidad sometido ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, pudiera enfrentar una pena carcelaria de dos años.

De acuerdo con la denuncia presentada por el Departamento de Justicia estadounidense y los hechos estipulados en el acuerdo de culpabilidad, SPR habría recibido al menos $495,000 de parte de dos fundaciones sin fines de lucro creadas con el único propósito de esconder las identidades de los verdaderos donantes.

Al explicar al juez invitado Joseph Laplante los motivos del esquema, el fiscal Jonathan Jacobson sostuvo que el intento de ocultar la identidad real de los contribuyentes de la campaña suponía beneficios tanto para los donantes como para SPR y, en última instancia, para Pierluisi.

“Hubo dos beneficios primarios que se obtuvieron de este esquema. Había un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes podían obtener un beneficio al permanecer en el anonimato. No estarían conectados a contribuciones políticas sustanciales y, además, los oficiales de gobierno que, en última instancia, serían los beneficiarios de los anuncios, no podrían ser asociados a los beneficios que posteriormente pudieran recibir estos donantes. La anonimidad era el motivo último y funcionaba en ambas direcciones, beneficiaba tanto al donante y, en última instancia, los recipientes reales y esta especie de tercero beneficiado de las contribuciones, que es el oficial público”, expresó Jacobson.

“¿Hubo algo de lo que dijera el señor Jacobson que fuera falso o impreciso?”, le preguntó Laplante a Fuentes Fernández a continuación.

“Fue correcto”, respondió Fuentes Fernández, quien participó de la vista, celebrada mediante videoconferencia, desde Virginia.

Los anuncios pagados por SPR se dedicaron, principalmente a atacar a los rivales políticos de Pierluisi: la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, a quien derrotó en las primarias del Partido Nuevo Progresista, y Carlos Delgado Altieri, quien buscó la gobernación por el Partido Popular Democrático.

Pierluisi, en declaraciones escritas enviadas ayer a los medios, se desligó de las actividades de SPR y Fuentes Fernández, un contador público autorizado de 62 años de edad.

“En el día de hoy (ayer) ha trascendido violaciones de ley por parte del comité de acción política (PAC), Salvemos a Puerto Rico, y su presidente. Ante esta información, debo reiterar que en cumplimiento con la ley mi comité de campaña no coordinó sus actividades con las de PAC alguno, incluyendo Salvemos a Puerto Rico. El manejo de los comités de mis campañas es algo que mi equipo de trabajo ha conducido de forma correcta por los pasados 16 años. Sobre los procesos electorales del año 2020, la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico llevó a cabo una auditoría exhaustiva sobre las actividades de mi comité y concluyó que cumplió con todos los requisitos de ley”, expresó Pierluisi, quien en la denuncia federal contra Fernández Fuentes es identificado como el “Oficial Público 1″.

El esquema

Las entidades sin fines de lucro utilizadas como conducto para canalizar los donativos a SPR fueron Fundación por la Igualdad y Foundation for Progress, incorporadas ambas el 10 de junio de 2020, a dos meses de la primaria novoprogresista en que Pierluisi venció a Vázquez Garced, y a menos de cinco meses de las elecciones generales.

Ambas organizaciones, incorporadas con siete minutos de diferencia, fueron registradas por Álvaro Pilar Vilagrán, quien fuera director de la Autoridad de Puertos bajo la gobernación de Luis Fortuño.

SPR fue registrado ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC) el 7 de mayo de 2019, con una dirección del estado de Virginia. Entre ese mes y final de año, el Super PAC recaudó unos $784,991, de acuerdo con los datos de la FEC.

De ese total, se reportó que $260,000 provinieron de la Foundation for Progress, mientras que $235,000 correspondieron a la Fundación Pro Igualdad.

Los primeros donativos provenientes de las entidades fantasma se habrían emitido el 25 de junio de 2020, con una aportación combinada de $250,000, seguidos por $85,000 el 20 de octubre, $120,000 el 21 de ese mes y $40,000 el 16 de noviembre.

La denuncia, sometida mediante el mecanismo de ‘information’–sin intervención de un gran jurado–, identifica además al “Individuo 1″, un “asociado del Oficial Público 1 y recaudador significativo que intentaba obtener donativos en apoyo a la campaña electoral de 2020 del Oficial Público 1″; al “Individuo 2″, como “secretario de la Sin Fines de Lucro 1″ y la “Sin Fines de Lucro 2″; y el “Individuo 3″, un “consultor y abogado”.

En una rueda de prensa en la que habló sobre el caso de Fuentes Fernández, además de los arrestos de los alcaldes de Humacao, Reinaldo Vargas, y Aguas Buenas, Javier García Pérez, el jefe de fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, no precisó si los donantes que emitieron sus contribuciones a través de las entidades sin fines de lucro, bajo la premisa de que permanecerían en anonimato, pudieron haber incurrido en un delito federal. Tampoco abundó sobre si las personas que coordinaron los donativos o participaron de la incorporación de las organizaciones se encuentran bajo investigación.

“Quiero enfatizar que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández y el Super PAC al FEC”, dijo Muldrow.

El acuerdo de culpabilidad, en tanto, precisa que la fiscalía pudiera solicitar una sentencia de hasta 24 meses en prisión, aunque le permite a Fuentes Fernández, representado por el abogado José Aguayo, buscar una pena menor. Como parte del acuerdo, Fuentes Fernández y SPR detallaron las identidades y cantidades aportadas por cada donante, al tiempo que deberán enmendar los informes sometidos a la FEC.

La lista de donantes contenida en el acuerdo de culpabilidad correspondiente a SPR, representado por Fuentes Fernández, incluye dos personas naturales y ocho entidades jurídicas: Northshore Management Corp. ($25,000), Essential Insurance Services ($200,000), AP Engineering Inc. ($94,200), LAS Enterprises Inc. ($15,000), JAAP LLC ($75,800), Alejandro Brito Zubizarreta ($50,000), Arturo Díaz Angueira ($20,000), BAE FE LLC ($50,000), National Guard Exchange Military Store ($50,000) y Little Pictures ($25,000).

“Fue un error enorme de mi parte”, dijo Fuentes Fernández en referencia a las ilegalidades que el gobierno federal le imputó. “Solo quiero dejar esto atrás”, añadió el ahora convicto, mientras Laplante le advertía de los derechos a los que renunciaba al aceptar el acuerdo de culpabilidad.

Laplante fijó la sentencia para el lunes 15 de agosto. Contrario a la audiencia de hoy, que se celebró mediante videoconferencia, el juez del Distrito de New Hampshire ordenó que la vista de sentencia se celebre de manera presencial en el Tribunal Federal de San Juan.

Laplante determinó no imponerle fianza a Fuentes Fernández para garantizar su comparecencia a la vista de sentencia, pero ordenó que entregara el pasaporte y le instruyó a que solicitara un permiso cuando fuera a salir del área de Virginia, Maryland y Washington DC.