Alcaldes arrestados de Humacao y Aguas Buenas se exponen a 35 años de prisión

El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, detalló que García Pérez, del Partido Nuevo Progresista, habría recibido unos $32,000 en comisiones ilegales, de parte de dos contratistas, entre agosto de 2020 y septiembre del año pasado.

García Pérez, quien ocupa la casa alcaldía de Aguas Buenas desde 2017, enfrenta un cargo por conspiración para cometer fraude, lo que conlleva una pena máxima de cinco años, dos cargos por soborno (10 años cada uno) y extorsión (20 años), precisó Muldrow. De ser hallado culpable de los cuatro cargos, el político se expondría a 45 años de prisión.

Los delitos son los mismos que desde hoy enfrenta Vargas, un exlegislador penepé que llegó a la alcaldía humacaeña tras ganar las elecciones de 2020, aunque, en su caso, solo se le imputa un cargo por soborno. Según el pliego acusatorio, el ejecutivo municipal habría aceptado otorgar contratos a cambio de ‘kickbacks’ que rondaron los $17,000.

Los pagos en efectivo a Vargas se habrían efectuado entre enero y julio de 2021, es decir, prácticamente desde el momento en que el político puso pie por primera vez en la alcaldía de Humacao.

Muldrow se limitó a mencionar que las dos compañías que sobornaron a los alcaldes ofrecían servicios de recogido de basura y escombros, asfalto y pavimentación de vías. El fiscal aludió a los demás casos de corrupción por los que se ha arrestado a alcaldes en los pasados meses, que han tenido como protagonistas a las empresas J.R. Asphalt y Waste Collection.

El presidente de Waste Collection, Oscar Santamaría, alcanzó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales, al igual que Raymond Rodríguez Santos, uno de los socios de J.R. Asphalt. El otro socio de J.R. Asphalt, Mario Villegas, se declaró no culpable y espera por el inicio del juicio en su contra.

Vargas y García Pérez son el quinto y sexto alcaldes o exalcaldes arrestados por corrupción desde diciembre de 2021. Félix “Cano” Delgado y Ángel Pérez, novoprogresistas de Cataño y Guaynabo, respectivamente comenzaron la racha en diciembre. Posteriormente, le siguieron el predecesor de García Pérez en Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, y, en abril, el alcalde guayamés, Eduardo Cintrón.

Arroyo Chiqués y Cintrón pertenecen al Partido Popular Democrático.

En diciembre del pasado año el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) también arrestó a Radaméz Benítez, ayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, el también popular José Luis Cruz Cruz, quien desde entonces prácticamente ha desaparecido del ojo público y fue citado a declarar ante un gran jurado federal.

Continúan las investigaciones

En una rueda de prensa desde las oficinas de la fiscalía federal en Hato Rey, Muldrow y el resto de los funcionarios del gobierno estadounidense exhibieron su acostumbrada discreción en las expresiones públicas.

“La corrupción mina la confianza pública en el gobierno, deriva en un gobierno menos efectivo y responsivo a los ciudadanos y también castiga a quienes tratan de llevar sus negocios de la manera correcta. Eso está mal, merecen algo mejor, lo saben y están ahí para apoyarnos and apreciamos grandemente su apoyo. No podríamos hacer esto sin el pueblo de Puerto Rico. […] Continuaremos destinando todos los recursos que sean necesarios para apoyar al FBI y la oficina del Departamento de Justicia en sus esfuerzos. Hoy no es el inicio ni el final de nada, es la continuación de nuestro esfuerzo colectivo de combatir la corrupción aquí en la isla”, sostuvo Corey Amundson, jefe de la División de Integridad Pública de Justicia federal.

“Lo correcto es venir a nosotros antes que nosotros vayamos a ustedes. Algunos escucharon y tomaron mis palabras en serio, hicieron lo correcto, pero otros no, y hoy tuvimos que ir a tocar puertas. Lo voy a repetir: donde haya alegaciones de corrupción, vamos a investigar. Si usted sabe que está haciendo las cosas mal, ya saben lo que deben hacer. No espere a que sea demasiado tarde”, expresó, por su parte, Joseph González, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico.

Muldrow precisó que, desde el inicios del 2020, el gobierno federal ha presentado acusaciones contra unos 50 funcionarios, individuos privados y organizaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción pública en Puerto Rico.

Hoy, además de los arrestos de Vargas y García Pérez, el recaudador político Joseph Fuentes Fernández aceptó su culpabilidad por mentir a la Comisión Federal de Elecciones en cuanto a los donativos que recibía Salvemos a Puerto Rico, un Súper Comité de Acción Política registrado en Virginia que, previo a las primarias y comicios generales de 2020, impulsó la candidatura del hoy gobernador, Pedro Pierluisi.

Muldrow recalcó que la política de ofrecer un mejor trato a aquellos funcionarios que proactivamente se acerquen a las autoridades para confesar sus crímenes continuará vigente, al tiempo que aceptó que continúan abiertas investigaciones contra alcaldes.

“En estos casos siempre hay una oportunidad de hablar con nosotros antes.”, dijo Muldrow

¿Hay más casos de alcaldes pendientes de arresto o de investigación?, se le preguntó a Muldrow.

“Sí”, respondió escuetamente Muldrow.

¿Bastantes?, se le cuestionó.

“Suficientes”, replicó el jefe de fiscalía federal.

“Hay algunas personas que piensan que, si la persona decide venir sobre nosotros, debemos esperar, que no debemos escuchar lo que tiene que decir, vamos a esperar un mes, dos meses, un año para que podamos terminar la investigación y podamos acusar formalmente para que podamos arrestar a las 6:00 de la mañana y llevarlos frente al edificio federal. Yo no creo en eso. Si es necesario, sí”, manifestó el funcionario.

“La verdad es que si una persona decide cooperar con nosotros o, por lo menos, aceptar su responsabilidad, vamos a escuchar, van a tener beneficios. Si alguien piensa que hasta cinco años en una prisión federal es algo fácil, no es fácil”, subrayó Muldrow.