El Senado aprobó con enmiendas, el Proyecto de la Cámara 25, de la autoría del portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, lo que da paso a la Ley del Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal celebrados en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.
Con la ley se amplía el acceso a la justicia para las personas de escasos recursos económicos durante diversas etapas de un juicio, así como brindar justicia en la compensación a los abogados que tramitan este tipo de casos.
PUBLICIDAD
La medida ahora regresa nuevamente a la Cámara para la evaluación de las enmiendas técnicas presentadas.
“Esta medida es una que viene hacerle justicia a nuestra gente más necesitadas, ampliando las herramientas que tiene para enfrentar un proceso judicial, con más recursos en todas las etapas del mismo. Es responsabilidad del gobierno proveer los recursos y mecanismos para que los acusados en procedimientos criminales cuenten con una representación legal adecuada, sin distinción de ingresos. Esto no debe recaer solamente en los abogados. Por eso el Panel Voluntario de Abogados Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal se hace bien importante”, señaló Méndez Núñez.
El proyecto, del cual también es coautor el actual presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez y al representante Orlando Aponte Rosario, además establece que el nuevo ‘Panel’ estará adscrito a la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) y tendrá la responsabilidad de implementar un sistema de representación legal compensada, para proveer sus servicios a ciudadanos de escasos recursos mediante la designación de abogados de la práctica privada.
Los recursos para el funcionamiento del Panel se sufragarán de los fondos provenientes de las ventas del sello especial de suspensión, según dispone la Ley de Aranceles. Se asignaría $5.00 de los derechos arancelarios para presentar querellas bajo la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho y el pago de $20.00 a ser cancelado por las compañías de finanzas al momento de prestar la misma.
“Por muchos años se ha denunciado que existen demasiados casos de que abogados de oficio no tienen, ni la capacidad económica para poder contratar a un buen perito, o para poder hacer una investigación profunda en los casos asignados. Esta medida atiende esto directamente”, agregó el líder del PNP en la Cámara.
