Un proyecto de ley que, entre otras cosas, prohíbe el esquema de mayoristas y minoristas a las compañías mayoristas de gas licuado pasó al Senado luego de ser aprobado el pasado martes en la Cámara de Representantes.
La representante Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, informó que el Proyecto 899 de su autoría, es “para crear la Ley para la Fiscalización de la Industria del Gas Licuado del Petróleo, en Protección de los Consumidores”.
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“La misma busca establecer regulaciones y obligaciones para toda la cadena de distribución en la Industria del Gas Licuado. Incluyendo la desvinculación de los mayoristas en las operaciones de los negocios de distribución o venta al detal”, añadió.
Mencionó que la pieza legislativa obliga a los importadores y distribuidores, que, en un término no mayor de 18 meses, deberán disponer de aquellos negocios en los que exista algún tipo de relación con la venta al detal.
Además, exige la obligación de proveer facturas detalladas a cada cliente.
“Por último, se le impone un término de noventa días al Departamento de Justicia (DJ) para que investigue los referidos que reciba sobre asuntos relacionados a la industria del gas licuado y que pudieran constituir acciones monopolísticas. De esta manera, nuestra meta es promover la protección y seguridad de nuestros consumidores. Recordemos que la industria del gas licuado del petróleo es una vital en la vida del puertorriqueño, toda vez que se estima que unas 600 mil familias lo utilizan para la preparación de sus alimentos diariamente. Este es un asunto de seguridad energética y alimentaria del país, por lo que no podemos permitir que se siga afectando la economía del puertorriqueño y poniendo en riesgo el futuro del país”, expresó la representante.
Expresó que la industria de gas licuado mantiene “conductas comerciales depredadoras” al aumentar los precios del gas licuado sin cumplir con los procesos establecidos por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) para estos asuntos.
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Ademas, a su entender, las únicas dos empresas en Puerto Rico operan como un monopolio.
“Para 2019, la empresa Puma abandonó el mercado del gas licuado, quedando el mismo en manos de dos empresas: Empire Gas, quien controla el 75 por ciento del mercado, y Tropigas, que controla el 25por ciento. Esto es de suma preocupación, pues dicha constitución del mercado provee las condiciones perfectas para que se dé un monopolio, se establezcas precios arbitrariamente, y se vulneren los derechos de los consumidores. Cabe destacar que la Oficina de Asuntos Monopolísticos después de una extensa investigación y revisión de documentos, determinó que una de las empresas mayoristas de gas licuado estaba incurriendo en prácticas ilícitas de discrimen en precios”, concluyó.
