El representante José Rivera Madera, quien preside la Comisión de Turismo cameral, reveló que el director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, Orlando Rivera, no solo es investigado por la Cámara de Representantes, sino por otras entidades, aunque no negó ni confirmó que se trate del Negociado Especial de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
El legislador acusa al director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico de cometer irregularidades en el desempeño de sus funciones por lo que le solicitó ayer al gobernador Pedro Pierluisi su destitución. Según el representante, Rivera aceptó el pago de viajes “de parte de personas que él debe regular o que están en proceso de ser evaluados por la Comisión de Juegos”. Detalló que de los viajes confirmados, dos fueron a la ciudad de Barcelona.
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Indicó que los gastos de estos viajes fueron cubiertos por empresas interesadas en traer tecnología de tragamonedas y máquinas de ruta a la Isla. Y denunció, además, que estas empresas también tenían participación privilegiada en un chat con dueños de máquinas donde se discutían asuntos sobre cambios a la ley que beneficiarían a particulares grupos.
En entrevista con Metro Al Mediodía, el legislador declinó confirmar si el FBI tiene una investigación en curso contra el presidente de la Comisión de Juegos, pero tampoco lo negó. Apuntó a que en el Departamento de Desarrollo Económico también hay cierta “inconformidad con las actuaciones del director de la Comisión de Juegos”.
“Sí te puedo decir que eso (las investigaciones) es lo que nos motivó a nosotros a pedirle al gobernador que despida fulminantemente a este señor”, dijo.
“Nosotros no podemos tener a una persona al frente de una industria millonaria como esa -y que es parte de la oferta turística de Puerto Rico- que tenga algún tipo de sombra detrás, de que está envuelto en algún tipo de irregularidad porque no va a crear la seguridad necesaria en toda la industria de juego para que venga la gente y entonces pueda participar de ella”, manifestó.
Rivera Madera explicó que su petición al primer ejecutivo se da luego del proceso de requerimiento de información por parte de la comisión que preside durante vistas públicas del proyecto de la Camara 1119. La medida busca que el dinero generado por concepto de estas máquinas de azar en ruta sea destinado al retiro de la Policía de Puerto Rico.
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En tanto, precisó que la Ley que creó la Comisión de Juego y el reglamento, establece que las máquinas utilizadas para los juegos, deben estar directamente conectadas al Departamento de Hacienda para cumplir con la responsabilidad contributiva. No obstante, a tres años de la determinación, aún no se ha instituido.
Rivera Madera sostuvo que en vías de lograr esa conexión, el director de la Comisión de Juegos “está viajando a diferentes lugares, pagos por una compañía, para ver un sistema donde tendría que traer máquinas nuevas, un sistema de interconexión nuevo y los que tienen máquinas ya, tendría que básicamente botarlas y comprarle a ese suplidor”.
Indicó que los viajes fueron costeados por la compañía Win Systems International, que se alega tiene un socio comercial en Puerto Rico pero no se reveló el nombre. La empresa, según Rivera Madera, es representada en Isla por el bufete O’Neill & Borges, para el que trabajaba el gobernador Pedro Pierluisi.
Precisamente, Rivera Madera citó mañana jueves a una reunión a representantes de la compañía para indagar cuál es su socio comercial en Puerto Rico y quién estuvo a cargo del pago de los viajes realizados por el director de la Comisión de Juegos.
