El retiro del informe positivo del Proyecto del Senado (PS) 693, que pretende limitar el derecho de las mujeres a practicarse un aborto, para devolver la medida a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, donde se ha anunciado que se realizarán vistas públicas, es reflejo del empinado camino que desde un inicio enfrentó la pieza para convertirse en ley.
“Eso no va a aprobarse. La Cámara no lo va a aprobar, el gobernador no lo va a aprobar. Se ve a leguas que no va a ocurrir y esto va a terminar como estas controversias grandes, que comienzan con una explosión y terminan con un sonidito”, expresó el exsenador popular Eudaldo Báez Galib.
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Para la analista política Annabelle Torres Colberg, la decisión de abrir la discusión a vistas públicas, incluso luego de que la comisión que preside Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad, avalara en votación 10-3 el informe positivo de la medida, responde a una combinación de la reacción negativa a las expresiones que hiciera el jueves el líder senatorial, José Luis Dalmau, junto al reconocimiento de la forma “burda” en que se atendió el proyecto desde su inicio.
El jueves, Dalmau describió como “asesinatos” los abortos practicados luego de que un feto es considerado “viable” para sobrevivir fuera del vientre de la madre. El PS 693, que ha recibido la oposición de entidades como el Departamento de Salud y la organización de ginecólogos PROGyn, propone que la viabilidad se alcanza a partir de la semana 22 de gestación, o incluso antes si así se determina mediante estudios médicos.
En síntesis, el PS 693 prohibiría los abortos durante la etapa de viabilidad, con la única excepción de aquellos casos en que la vida de la mujer gestante se coloque en riesgo.
“Me parece que era tan burda la manera que estaban tratando de pasar este proyecto, donde nadie había ido allí a presentar sus posturas, que no se abriera al pueblo el poder emitir su posición sobre un asunto tan medular como este. Eduardo Bhatia (expresidente del Senado) expresamente lo emplazó (a Dalmau), quiero ir allí a deponer frente a ti y presentar mi posición en una vista abierta al país, y eso siempre tiene su fuerza, sobre todo porque tuviste no solo a un pasado presidente del Senado, sino a los tres exgobernadores (populares) que salieron a hablar expresamente en contra el proyecto. Lo mínimo que se podía hacer era precisamente abrirlo a vistas públicas”, subrayó Torres Colberg.
Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria e integrante del Comité PARE, que delinea políticas públicas para combatir la violencia de género, señaló por su parte que está “convencida” de que, pese al amplio apoyo que el PS 693 recibió entre los miembros de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, la medida no tenía los 14 votos necesarios para aprobarse en el pleno del Senado.
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La medida, antes del anuncio de que se devolvería a comisión, se encontraba en calendario para ser atendida en el hemiciclo en la sesión de mañana lunes.
“Están utilizando esto como estrategia para ganar tiempo y buscar los votos que necesitan”, opinó Pagán.
Por su parte, Yanira Reyes Gil, profesora de Derecho e integrante de la Coalición 8 de Marzo, criticó la declaración conjunta mediante la cual Dalmau, Rodríguez Veve y el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, notificaron que el PS 693 sería considerando mediante vistas públicas.
En las expresiones, emitidas esta mañana, los senadores afirmaron que las implicaciones “legales y morales” que atiende el PS 693 han sido debatidas “a la saciedad” en Puerto Rico, al tiempo que cuestionaron que la discusión en vistas públicas pudiera alterar la opinión de los legisladores.
“Con ellas (las vistas públicas), provocaremos que la participación sea amplia, masiva y totalmente abierta. Algunos creen o insinúan que realizar vistas públicas, cambiaría la opinión de quienes favorecen o de los que se oponen a la medida. El tiempo dirá. Pero ciertamente, da la impresión que el objetivo de los que se oponen es dilatar, agitar y provocar luchas de puertorriqueños contra puertorriqueños”, manifestaron el presidente senatorial y los portavoces del Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista, quienes son tres de los siete autores de la medida.
“Me parece que con esas expresiones demuestran que su mente está hecha, que tienen una posición tomada y que no creen en la democracia en la medida en que no aceptan procesos amplios de discusión en donde todas las partes puedan presentar argumentos legítimos, válidos y que puedan discutirse públicamente”, subrayó la abogada constitucionalista, para quien la medida, además de innecesaria, incurre en errores “científicos y médicos” que fueron señalados por diversas organizaciones a través de los memoriales sometidos a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia.
Un portavoz de Dalmau informó que el PS 693 permanecerá bajo la jurisdicción exclusiva de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que estaría encargada de conducir las vistas públicas. En sesiones anteriores de esta Asamblea Legislativa, otros proyectos que pretendían limitar el derecho al aborto habían sido referidos a la Comisión de Asuntos de la Mujer, donde no habían avanzado.
Urge la educación sexual
Para Pagán, en un país de tradiciones conservadoras e influenciado por el fundamentalismo religioso como Puerto Rico, donde el tema del aborto continúa siendo estigmatizado entre amplios sectores de la población, urge priorizar la educación sexual.
“La educación es un antídoto a la ignorancia y los argumentos falaces que suelen levantarse en torno a estos temas, que impiden que haya discusiones sosegadas. Este mismo sector conservador se ha opuesto insistentemente a que en el sistema público se hable de educación sexual. De hecho, en distintos momentos, la han impedido. Eso es algo a lo que tenemos que dar prioridad, para que tanto niñas y niños sepan sobre métodos de planificación familiar, sexo seguro y todo ese tipo de cosas de las que no se quiere hablar”, recalcó la abogada, al añadir que, debido al estigma y la desinformación, muchas mujeres llegan a creer que el aborto es “ilegal” en Puerto Rico.
Pagán, al recordar que –contrario a expresiones públicas recientes de Rodríguez Veve y Dalmau– el aborto en Puerto Rico está regulado tanto por jurisprudencia estatal y federal como por reglamentación del Departamento de Salud, afirmó que sí es necesario ampliar el acceso a clínicas de embarazo.
“Es una realidad que las clínicas han ido desapareciendo con el paso de los años. También hay que tomar en cuenta cómo el nivel de pobreza y falta de acceso al transporte público son barreras para que las mujeres vayan a las clínicas y puedan pagar”, indicó Pagán.
En entrevista con este medio, Pagán señaló que el asunto de las iniciativas legislativas para restringir las terminaciones de embarazo no se ha discutido en las reuniones del Comité PARE.
“Soy la que coordina el Subcomité de Política Pública y Legislación. Este Subcomité es el que está a cargo en PARE de brindar consejo al gobernador (Pedro Pierluisi) en cuanto a vetos o firmas de proyectos de ley relacionados con las mujeres. En su momento se hará un análisis de lo que termine saliendo de la Legislatura, si es que se aprueba finalmente”, sostuvo.
Reyes Gil, en tanto, puntualizó que el derecho al aborto, en la práctica, implica únicamente la posibilidad de que la mujer en estado de gestación decida si procede o no con su embarazo.
“Quienes no crean en el aborto, pues no se realizan abortos, pero no pueden imponer una visión al resto de la población”, expresó.
