El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia firmó el miércoles, el Proyecto del Senado 189 que enmienda la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente para que los médicos discutan con sus pacientes los riesgos asociados a la utilización de fármacos basados en opioides recetados.
“Como parte de nuestra misión y política pública está empoderar a los pacientes, pues es su derecho contar con la información correcta y completa sobre los tratamientos que reciben. A la firma de esta medida, se unen iniciativas que estamos realizando en el Gobierno mediante la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), para adiestrar a miles de personas sobre el manejo adecuado de una sobredosis. Hasta el momento ASSMCA ha adiestrado a unas 14,529 personas y entregado 26,118 kits de naloxona intranasal, que es un medicamento para ayudar a reducir muertes por sobredosis de opioides. Además, se realizan campañas educativas y actividades de impacto comunitario que ayuden a prevenir la adicción y fallecimientos como consecuencia del uso de opioides” sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.
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Ahora, según dispuesto en ley, los galenos deberán orientar a sus pacientes sobre los riesgos de adicción y consecuencias adversas a la salud incluyendo depresores del sistema nervioso central. También, tendrán que orientarle sobre las razones por las cuales la prescripción es necesaria.
Igualmente deben educar sobre los tratamientos alternativos que pueden estar disponibles en sustitución al opioide y los riesgos asociados con el uso de los medicamentos que se prescriben, tales como el riesgo de desarrollar una dependencia física o psicológica de la sustancia peligrosa controlada, e insuficiencia respiratoria mortal.
De igual forma, sobre posibles consecuencias que podría acarrear que el paciente descontinúe o interrumpa el tratamiento sin que el médico intervenga en esa descontinuación, interrupción o variación de este, entre otras especificaciones.
Esta pieza legislativa fue acogida por el Departamento de Salud, la Administración de ASSMCA y el Departamento de Justicia.
