La Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado aprobó con votación 9-3 el informe positivo de un proyecto que prohibiría la mayoría de los abortos luego de la semana 22 de gestación.
Según la presidenta de la Comisión, Joanne Rodríguez Veve, el proyecto fue avalado por la mayoría de los miembros del organismo con una sola enmienda, dirigida a “los fines del consentimiento informado de la mujer” que se practicara un aborto bajo la excepción que provee la medida.
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El Proyecto del Senado (PS) 693 restringiría los abortos luego de la vigesimosegunda semana de gestación a aquellos casos en los que se determine que el embarazo coloca en riesgo la vida de la madre gestante. Al mismo tiempo, obligaría a los médicos que lleven a cabo terminaciones de embarazo luego de la semana 22 a documentar y justificar las circunstancias del aborto.
La pieza legislativa lleva la coautoría de siete senadores, Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad; los penepés Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme; y los populares José Luis Dalmau, Albert Torres Berríos, Ramón Ruiz Nieves y Rubén Soto Rivera. Dalmau es el presidente del Senado.
Al justificar los objetivos de la medida, Rodríguez Veve aludió a que 16 estados en los Estados Unidos han fijado la semana 22 del embarazo como el momento en que se materializa la “viabilidad” de un feto, mientras que otros 18 igualmente han prohibido las terminaciones cuando el concebido ya es viable, aunque sin establecer una fecha particular. La senadora del conservador Proyecto Dignidad afirmó que las disposiciones en estas jurisdicciones han superado los retos constitucionales que han enfrentado.
“Los estados y territorios pueden regular y hasta prohibir el aborto luego de que un bebé está suficientemente desarrollado en el vientre de la mujer como para sobrevivir si estuviese afuera”, dijo Rodríguez Veve tras presidir la vista ejecutiva de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia en que se aprobó el informe positivo.
De ordinario, el proceso de gestación se extiende entre 36 y 39 semanas. Según el portal del Mayo Clinic, los bebés que nacen antes de las 36 semanas son considerados prematuros, incluyendo aquellos que nacen previo a las 25 semanas, que son catalogados como “prematuro extremo”.
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La enmienda que se introdujo al proyecto dictaminaría que los médicos que practiquen un aborto luego de la semana 22 de embarazo deberán “orientar a la mujer sobre su opinión médica respecto a cómo atender su vida y el efecto inevitable de un aborto y las consecuencias médicas que pudiese tener para ellas, sobre todo en los casos de abortos tardíos”, dijo la senadora conservadora.
El PS 693 crea el Registro de Terminación de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad” que quedaría bajo la supervisión del Departamento de Salud. Para cumplir con las disposiciones del registro, los profesionales médicos que lleven a cabo abortos luego de la semana 22 tendrán que documentar, entre otros detalles, la edad de la mujer gestante, el método de aborto utilizado, la etapa gestacional estimada y los motivos de salud que justificaron el aborto.
“En Puerto Rico la mayoría de los abortos tardíos se realizan en hospitales. Hay clínicas privadas que realizan abortos ya en la semana 23 y 24, pero por regla general, los abortos en estas etapas se llevan a cabo en hospitales. En nuestro país no hay estadística alguna sobre los abortos que se están realizando en hospitales porque no hay ninguna disposición legislativa ni por reglamento del Departamento de Salud que obligue a los hospitales a rendir esta información”, planteó Rodríguez Veve.
“Me parece una intervención indebida con la práctica médica de las y los doctores que realizan los abortos. Me parece que no hay un propósito legítimo detrás de ese registro, sino llevar y publicar un inventario de los médicos que realizan abortos, sabrán ellos con qué propósito. Pero el estado de derecho debe permanecer igual el aborto no se debe criminalizar. Sí debemos procurar más recursos para la mujer, para la salud reproductiva y que las que quieran tener sus hijos los tengan en un país menos hostil a la reproducción humana, la infancia y las mujeres jefas de familia”, expresó la senadora independentista María de Lourdes Santiago.
Además de Santiago, el informe de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia recibió la oposición de la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, y el senador independiente José Vargas Vidot.
Rodríguez Veve justificó el hecho de que la medida, que ha recibido la oposición de organizaciones defensoras de las mujeres y los derechos humanos, no se haya llevado a vistas públicas.
“Decidimos en la comisión que el trámite más adecuado era pedir la información a través de los memoriales. Así lo establecimos. También entendemos, y esta es mi posición personal como senadora, que es inmeritorio una vista pública para determinar si un bebé que ya se sabe que puede sobrevivir fuera del vientre de la madre puede ser matado o no. Me parece que esa discusión es bastante clara y que sencillamente a través del proceso legislativo que queda por completarse, la discusión en el pleno, el país conocerá quiénes son los senadores que entienden que un bebé que está vivo, que puede vivir fuera del vientre de la madre, merece vivir o no”, afirmó Rodríguez Veve.
Santiago, por su parte, cuestionó si los miembros de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP) que impulsan el PS 693 tienen un “interés genuino” en el asunto del aborto.
“No sé siquiera si hay un interés genuino en el tema o es simplemente la competencia por la frontera política en los sectores más reaccionarios del PPD, el PNP y el Proyecto Dignidad”, indicó la senadora.
La medida no fue llevada a consideración del pleno del Senado en la sesión de esta tarde.