Las autoridades federales arrestaron a una pareja que utilizó datos personales y documentos de otros ciudadanos para beneficiarse y cometer fraude con el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico mejor conocido como PUA.
Según indicó en conferencia de prensa, el fiscal federal Héctor Ramírez Carbó, la pareja identificada como Fernando Gallardo Álvarez y Olga Rivera Dávila quienes son residentes de Balboa Town Houde en Carolina.
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Un gran jurado federal emitió una acusación en contra de Fernando Gallardo Álvarez y su esposa Olga Rivera Dávila por conspirar para cometer fraude por vía postal, y electrónica, robo de identidad agravado y violaciones de lavado de dinero relacionado al PUA, según anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
El caso fue investigado por agentes del ICE, aduanas (HSI) y el servicio postal de Estados Unidos, Seguro Social, el Departamento del Trabajo federal en colaboración con el local y la Policía de Puerto Rico.
Según la acusación de la autoridades federales, la pareja montó un esquema de conspiración para defraudar los programas de desempleo estatal y federal para obtener el dinero del PUA para beneficio personal mediante declaraciones falsas y fraudulentas. Los acusados usaron los números de seguro social y los nombres de otros para obtener fondos del desempleo y alteraron los cheques obtenidos con sus nombres e identificación personal. Los cheques falsificados se depositaron en múltiples cuentas que los acusados tenían bajo su poder.
A Gallardo Álvarez también se le realizó otra acusación adicional por un esquema donde utilizó información y documentos de inmigrantes para obtener otros beneficios federales.
Desde aproximadamente 2017 hasta agosto de 2021, el acusado Gallardo Álvarez se enriqueció ilegalmente y obtuvo dinero de individuos al preparar y presentar peticiones de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que contenían información falsa utilizando el Formulario I- 360 y formularios adjuntos para autorización de trabajo y exenciones de tarifas. El Formulario I-360 es utilizado por cónyuges, hijos y padres maltratados para presentar una petición de visa de inmigrante bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), enmendada por VAWA.
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Según la acusación formal, Gallardo Álvarez les hizo declaraciones falsas a los no ciudadanos de que era abogado y recaudó miles de dólares por servicios legales para ayudarlos a resolver su estatus migratorio. Después de cobrar el pago, Gallardo Álvarez presentaría peticiones VAWA que contenían información falsa e incompleta sin el conocimiento y consentimiento de los peticionarios. Gallardo Álvarez sabía que las peticiones que presentó al USCIS contenían información falsa y que no podía proporcionar la documentación necesaria para que el USCIS adjudicara las peticiones presentadas.
Cuando USCIS no recibía suficiente información para adjudicar completamente una petición VAWA utilizando el Formulario I-360 presentado por el demandado, USCIS le pedía a Gallardo Álvarez más información antes de finalmente denegar la petición VAWA. Mientras la petición VAWA estaba pendiente, USCIS tomaría una determinación preliminar con respecto a la elegibilidad para un Documento de Autorización de Empleo (tarjeta EAD), es decir, autorización de trabajo.
Las tarjetas EAD obtenidas por Gallardo Álvarez para sus clientes solo eran válidas por un año y muchos peticionarios regresaron a él antes de que terminara el año para volver a presentar sus peticiones. Gallardo Álvarez cobraría a estos peticionarios miles de dólares estadounidenses por presentar el Formulario I-360 y las solicitudes de inmigración asociadas.
Los registros de USCIS sugieren que Gallardo-Álvarez ha presentado al menos 136 solicitudes fraudulentas I-360 VAWA para más de 100 peticionarios en los últimos cuatro años.
Los Fiscales Federales Auxiliares (AUSA) Víctor Acevedo y Manuel Muñiz Lorenzi están a cargo del enjuiciamiento del caso de fraude PUA. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por fraude bancario, 20 años por fraude postal y electrónico, y un período consecutivo obligatorio de dos años en prisión por robo de identidad agravado.
Los AUSA Daynelle Álvarez-Lora y Daniel Olinghouse están a cargo del enjuiciamiento del caso de fraude migratorio. Gallardo Álvarez también enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude postal, hasta 10 años por uso indebido de la visa, hasta cinco años por uso indebido del número de Seguro Social y una pena de prisión obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.
