El representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presentó este lunes una medida que le ahorrará cientos de miles de dólares al erario puertorriqueño, aboliendo la celebración de primarias presidenciales demócratas y republicanas en Puerto Rico, cuyo efecto real es expresar simpatías sobre los candidatos.
“Ante la situación de elección de delegados, es un evento que de deben pagarlos los afiliados a esos partidos de Estados Unidos, y no la totalidad del pueblo puertorriqueño. Los números de participación en esos eventos lo indican claramente”, aseguró Aponte Rosario.
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Concretamente, la medida busca derogar el Capítulo VIII de la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como ‘Código Electoral de Puerto Rico de 2020′, a los fines de eliminar las disposiciones sobre Primarias y Elecciones Presidenciales de Partidos Nacionales. La
Medida señala que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido una serie de dictámenes judiciales, mejor conocidos como los ‘Casos Insulares’, donde resolvió que los territorios “pertenecen a Estados Unidos, pero no forman parte de los Estados Unidos”, utilizando como fundamento la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos.
Posteriormente, desde el 1952, con la creación de la Constitución del Estado Libre Asociado, se estableció un marco legal que describe las funciones de cada Rama de Gobierno y delimita los requisitos necesarios para el proceso eleccionario. En la misma, se encuentran los servidores públicos que están sujetos al voto directo de los ciudadanos; entre ellos, los legisladores y legisladoras, y el gobernador o gobernadora de Puerto Rico. No obstante, ni la Constitución de los Estados Unidos, ni ninguna Ley Federal permite o concibe el poder de voto de los puertorriqueños residentes en la isla, a escoger el presidente de los Estados Unidos. Tampoco, la Corte Suprema ha determinado que dicho derecho es extensivo a los ciudadanos americanos que residen en isla.
Se señala además en el texto de la medida que el 20 de enero de 2018, se aprobó la Ley Núm. 12-2018, mejor conocida como ‘Ley para Garantizar el Voto Presidencial a Todos los Ciudadanos Americanos Residentes en Puerto Rico’, donde se creó una elección para el voto presidencial. Dicha Ley, según surge de su Exposición de Motivos, dispuso que su intención principal fue crear y viabilizar unilateralmente el voto presidencial como uno de los primeros cambios fundamentales bajo la relación política existente entre Puerto Rico y Estados Unidos. Posteriormente, la referida Ley fue derogada por la Ley Núm. 58-2020, según enmendada, mejor conocida como ‘Código Electoral de Puerto Rico de 2020′, donde se introdujeron todas y cada una de las disposiciones de la Ley 12-2018, en el Capítulo XVII de dicho código.
“Ahora bien, si los puertorriqueños desean o aspiran a adquirir el derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, esta acción debe ser avalada por el Congreso Federal y no mediante una legislación local, la cual no tiene el poder de tener un efecto real sobre la elección presidencial”, señala el legislador. “En ese sentido, es menester tomar en cuenta el contexto histórico en el que se encuentra Puerto Rico actualmente con su crisis fiscal. Entendemos que el alto costo de un proceso meramente simbólico y no vinculante podría redirigirse a impactar instituciones públicas que más lo necesiten, como la Universidad de Puerto Rico (UPR) o el Centro Médico, o reasignarlo a aumentar el salario de empleados públicos que reclaman un salario digno”, señaló el legislador, quien representa el distrito 26 de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo.
Aponte Rosario finalizó asegurando que “sostenemos que la democracia se ejerce adecuadamente cuando se tiene el poder y la capacidad de escoger. No se pueden crear o apoyar procesos que disturben o menoscaben la dignidad democrática del pueblo puertorriqueño”.
