Un grupo de 10 ciudadanos puertorriqueños con distintas discapacidades se unieron ayer a una demanda presentada en 2020 para reclamar pagos retroactivos por concepto del Ingreso Social Suplementario (SSI), denegados a los residentes del archipiélago pese a una determinación judicial que, hasta la fecha, se mantiene vigente.
Las 10 personas, junto al demandante original, Emanuel Rivera Fuentes, solicitan a través del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que la Administración del Seguro Social (SSA) los compense por los ingresos dejados de devengar desde el 4 de febrero de 2019, cuando la corte de distrito favoreció a José Luis Vaello Madero en su reclamo para recibir el SSI. El caso de Vaello Madero, al momento, se encuentra bajo escrutinio del Tribunal Supremo, luego de que el Primer Circuito de Apelaciones en Boston refrendara la decisión del juez Gustavo Gelpí de que la exclusión de los residentes de Puerto Rico del programa SSI constituía un discrimen injustificado.
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Entre las alegaciones de la demanda de clase, se encuentra que la SSA se ha negado a cumplir con el mandato de la resolución de Gelpí –y posteriormente del Primer Circuito– a pesar de que ni siquiera solicitó a los tribunales que se paralizaran los efectos del dictamen hasta que la determinación fuera final y firme.
A Rivera Fuentes y su madre, Gladys Fuentes Lozada, se unieron ayer a la demanda Rose Katherine Ruiz Minguela, Alexander Jodinskas Minguela, Irmary Domenech Piñeiro, Noriana Morales Rodríguez, Maritza Frasqueri Berríos, Ángel Chinea Rivera, Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Celia Enid Laureano Salgado, Juan Rivera Rodríguez y Maira Ivette Colón Ortiz.
Todos los demandantes, según el recurso legal presentado por la abogada Isabel Abislaimán, son personas de “bajos ingresos, de edad avanzada, ciegos o discapacitadas residentes en Puerto Rico”.
Como demandados, el documento nombra al comisionado del SSA, Andrew Saul; la subcomisionada, Nancy Berryhill; la SSA como entidad; y el gobierno de los Estados Unidos.
La demanda, entre los remedios solicitados, exige al tribunal pagos prospectivos de “no menos de $783 mensuales” para cada uno de los demandantes y otros miembros de la clase, así como una compensación por daños ascendente a $7,200 millones y pagos retroactivos por la misma cantidad. El SSI, en síntesis, está diseñado para asistir económicamente a personas que no tienen la posibilidad de generar ingresos por su cuenta.
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“Al hacer cumplir la exclusión inconstitucional de les beneficios del SSI con conocimiento pleno de que Vaello Madero era claramente el estado de derecho establecido y aplicable en esta jurisdicción, sin una paralización, los demandados en su carácter individual están impedidos de reclamar inmunidad cualificada”, lee parte del documento, que añade que, luego de la decisión en el caso Vaello Madero, “no hay mandato estatutario alguno que bajo el cual los demandados pudieran fundamentar sus acciones”.
“La aplicación de Vaello Madero a las solicitudes de SSI por residentes de Puerto Rico no es una función discrecional de los demandados individuales en el desempeño de sus deberes oficiales”, agrega la demanda.
En el recurso, se puntualiza que el entre 400,000 y 800,000 personas que residen en los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte, pero que no son ciudadanas de los Estados Unidos, reciben el SSI, al tiempo que a entre 300,000 y 350,000 residentes de Puerto Rico que cualificarían para el programa no lo tienen disponible.
“Esto es sencillamente irracional”, se argumenta.
En la demanda se precisa que Rivera Fuentes, el demandante original, cumplió el pasado febrero 36 años de edad, y padece desde su nacimiento de varias condiciones –como perlesía cerebral, síndrome paralítico, hipotiroidismo y disfunción hipotalámica– que le impiden cuidar de sí mismo y lo mantienen postrado en cama.
El padre de Emanuel, Abraham Rivera Berríos, igualmente había solicitado los beneficios del SSI para otra de sus hijas, Brenda Rivera Fuentes, quien padecía de esquizofrenia, escoliosis, discapacidades intelectuales, epilepsia y anemia, pero la mujer falleció en marzo de 2020 a sus 44 años.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió la petición de certiorari del gobierno estadounidense el 1 de marzo de 2021 y celebró una vista oral el 9 de noviembre. A pesar de que el presidente Joe Biden se ha expresado a favor de que los residentes de Puerto Rico sean elegibles a recibir el SSI, optó por impulsar legislación a esos efectos, en lugar de retirar el recurso de revisión judicial ante el Supremo.
