La junta de directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) instó a las autoridades a que investiguen a profundidad el referido de la Oficina del Contralor contra la operación del Taller de Fotoperiodismo, al tiempo que defendió el ¨valor a la educación y experiencia que recibieron miles de estudiantes de las escuelas públicas¨ del país.
¨La Asppro, así como muchos colegas, carece de información adicional a la publicada sobre el referido hecho por la Oficina del Contralor. Sin embargo, exhorta a que se investiguen los hallazgos a profundidad, se encuentren las causas de estas irregularidades y se fijen responsabilidades a quienes hayan hecho uso ilegal de fondos. Esta organización estará pendiente a que las autoridades informen los alcances y próximas acciones¨, señaló en declaraciones escritas.
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No obstante, dijo que ¨ningún aspecto administrativo relacionado a sus operaciones puede restarle valor a la educación y experiencia que recibieron miles de estudiantes de las escuelas públicas en el Taller de Fotoperiodismo¨.
¨La aportación del Taller de Fotoperiodismo al desarrollo de la creatividad nunca se borrará de las personas que se expusieron y aprendieron allí. Gracias a la dedicación de colegas, que ofrecieron de forma desinteresada de su tiempo y conocimientos para aportar a las nuevas generaciones y cumplir con la visión del fenecido fotoperiodista Ismaelito Fernández, niños y jóvenes de todos los trasfondos socioeconómicos tuvieron acceso al arte de la fotografía¨, apuntó.
Sus expresiones surge luego que ayer, la Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de un referido relacionado con la facturación al Departamento de Educación, de talleres de fotoperiodismo ofrecidos a estudiantes de 95 escuelas del 2015 al 2016. Este proyecto se sufragó con fondos federales del Programa de Título 1 Parte A.
La investigación reveló que el contratista preparó y presentó facturas con información falsa para justificar el cobro de $1,752,297 previo a la formalización de un contrato el 2 de diciembre de 2015 o por servicios no prestados. Los documentos presentados por el contratista no eran las facturas originales que los proveedores remitían para cobro, sino documentos con información falsa elaborados por la corporación.
Los auditores de la Contraloría de Puerto Rico identificaron, que antes de formalizar el contrato, los maestros ya habían ofrecido 862 talleres, los talleristas 797 talleres, y se registraron 352 servicios de transportación desde la escuela de procedencia de los alumnos a la escuela sede de los talleres. Del 2 de diciembre de 2015 al 16 de enero de 2016, el contratista facturó 466 talleres adicionales a los ofrecidos por los maestros y 397 adicionales a los ofrecidos por los talleristas.
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Además, la investigación develó que contrario a lo establecido en las facturas del contratista al Departamento de Educación, no se ofrecieron talleres en horario lectivo y los servicios no se ofrecieron en los días y horas que indica el contratista en sus facturas. Varios maestros entrevistados indicaron también, que personal de la corporación contratada, completaba el encabezado de los registros de asistencia, con la fecha y hora de los talleres.
Los hallazgos pudieran haber configurado delitos como la apropiación ilegal agravada, fraude y falsedad ideológica tipificados en el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012). Además, viola el Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes Económicos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado (Ley 84-2002), entre otros.
Los resultados de esta investigación se refirieron, el 27 de septiembre de 2021 al Negociado Federal de Investigaciones, al Departamento de Justicia Federal, a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de los Estados Unidos, y al Departamento de Justicia de Puerto Rico.
