Al tiempo que el Plan de Ajuste del gobierno central entró en vigor, la Asociación de Maestros (AMPR) presentó hoy ante la jueza Laura Taylor Swain un recurso para reclamar $3,900 millones, que es la cantidad que estiman el Estado dejará de aportar por los próximos 30 años al congelarse los planes de retiro de beneficio definido.
Según explicó el liderato de la AMPR y su equipo legal, la congelación impacta negativamente las perspectivas de jubilación de unos 17,000 maestros con entre nueve y 24 años de experiencia, que son quienes aún participaban del plan de beneficios definidos y a partir de hoy solo aportarán a cuentas individuales de retiro.
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Los maestros que ingresaron al Departamento de Educación desde el 2014 ya participaban únicamente de un modelo de contribución definida, similar a las cuentas 401K.
“Es una reclamación que fue presentada a la jueza Swain y cubre a todos los participantes del Sistema de Retiro para Maestros. Procede entonces que la jueza Swain admita nuestra reclamación y recaerá ante la Junta de Supervisión Fiscal evidenciar las cantidades exactas que el gobierno aportará al Seguro Social durante los próximos 30 años a los maestros cuyo retiro fue congelado”, sostuvo Melissa López, una de las abogadas de la AMPR.
A partir de la efectividad del Plan de Ajuste, los maestros de menos de 45 años comenzarán a cotizar automáticamente al Seguro Social, mientras que los de 45 años en adelante tienen la opción de ser incluidos en el programa, una de las disposiciones que se introdujeron en la reestructuración de obligaciones para mitigar el impacto de los recortes al retiro.
José Luis Barrios, otro de los asesores legales del gremio, precisó que la cantidad que el gobierno declare aportará al Seguro Social sería descontada de la reclamación de $3,900 millones que presentó la AMPR, cuya local sindical funge como representante exclusivo del magisterio.
“La reclamación es a raíz de la efectividad del Plan (de Ajuste). En el día de hoy los maestros dejan de aportar contribuciones a su plan de retiro definido, por lo cual estos van a sufrir un impacto al momento de retirarse, van a dejar de alcanzar la fecha de elegibilidad de edad y años de servicio, lo que comúnmente se llama la pensión vitalicia”, indicó Barrios, al recalcar que bajo el plan definido los docentes tenían previsto recibir una mensualidad equivalente al 75% del salario que percibían como maestros activos.
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Barrios indicó que el Plan de Ajuste provee para un periodo de 30 días –luego de cobrar efectividad– para que partes afectadas presenten sus reclamaciones, tras lo cual la Junta de Control Fiscal, previsiblemente, sometería sus objeciones.
“Después de esa fecha, se estarían ventilando las reclamaciones que se hayan presentado debido a la efectividad”, dijo el abogado.
Paralelamente a la reclamación monetaria de la AMPR, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública –compuesto por otros tres gremios magisteriales– lleva un proceso de impugnación del Plan de Ajuste que, al presente, se ventila ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.
Sin embargo, el Primer Circuito ya denegó la semana pasada una moción para que se detuviera la implementación del Plan de Ajuste hasta tanto se resolviera la apelación.
Terminaron las mesas de diálogo
Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR, precisó que ya las “mesas de diálogo” con el gobierno, diseñadas para auscultar alternativas para mejorar los beneficios de retiro a la luz de las disposiciones del Plan de Ajuste, culminaron. Al momento, dijo Bonilla Sánchez, los maestros esperan por que la administración de Pedro Pierluisi responda a tres propuestas sometidas.
En la primera alternativa, los maestros que hubieran cumplido con 30 años de servicio y 55 de edad podrían retirarse y continuar recibiendo un pago del 75% de su salario hasta alcanzar los 63 años de edad, cuando empezarían a cobrar la pensión dispuesta en el Plan de Ajuste.
En las otras dos opciones presentadas, se tomaría como base el plan de cuentas individuales de cada docente, pero el gobierno aportaría la diferencia para lograr que el maestro reciba una pensión cercana al 75%.
“Que el gobierno también aporte una cantidad para que en esa combinación llegue al 75%. La diferencia con lo que ha indicado el gobierno de Puerto Rico es que ellos (proponen) llegar al 50% y nosotros, al 75%”, dijo la licenciada López.
“La alternativa número tres es muy similar, pero si esa aportación que está haciendo el gobierno fuera limitada a una cantidad de años en específico, posterior a ese periodo el gobierno asumiría la aportación que tiene que hacer el maestro a su retiro y haga una aportación patronal adicional a lo que ya se está aportando. Es técnico, pero tiene que ver con que el maestro no tenga el peso de pagar la totalidad de su pensión”, añadió la abogada.
Al cuestionársele si el gobierno disfrutaría un ahorro si las pensiones de los maestros se computaran para un 75%, López señaló que habría una economía porque no se trataría de beneficios vitalicios, como ocurría hasta ahora para los docentes reclutados antes de 2014.
“El plan (de la Ley) 106 es un 401K, así que tiene un tiempo limitado. La pensión vitalicia, que se congela en el día de hoy, es por la vida del maestro. Aun con ellos (el gobierno) aportando a ese plan 106 a va a haber un ahorro con relación a las pensiones”, dijo López.
“Si por casualidad (el proceso) no se mueve, nosotros vamos a estar desde la semana que viene visitando la Legislatura y pidiéndole una reunión al gobierno para discutir estas tres alternativas y buscando estos fondos. Somos de la convicción de que todo proyecto de ley, toda acción que se pueda conseguir, se tienen que identificar los fondos. Si no, es letra muerta, vender sueños”, subrayó Bonilla Sánchez.
