La Federación de Alcaldes de Puerto Rico se opuso hoy al proyecto cameral 827 que actualizará el valor de miles de hogares y pretende eliminar la exoneración automática a los dueños de estos para el año 2024.
Gabriel Hernández Rodríguez, presidente de los alcaldes federados, sostuvo que entre las principales razones para oponerse a la medida figura en el hecho de que no apoyarán ninguna medida que represente un aumento en impuestos a los contribuyentes.
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“El cambio de valoración contributiva a valor del mercado debe ser estudiada con detenimiento para conocer su impacto en los recaudos municipales y se debe hacer de manera responsable. En el 2020, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó al CRIM un análisis de impacto sobre las contribuciones ante un cambio de paradigma contributivo de propiedad inmueble a valor mercado y esto se estará rindiendo para comienzos del próximo año fiscal por lo que entendemos que es prematuro la radicación de este tipo de medida”, indicó Hernández Rodríguez.
El también alcalde de Camuy llamó la atención sobre otros posibles impactos que tendría esta legislación. Entre estos mencionó que se aumentan las contribuciones en las áreas metropolitanas y pondría a pagar a personas que estaban exentas. Además, señaló que aumentaría contribuciones a los que ya pagan y que propiedades similares en materiales y espacio lineal, pero en distinta situación geográfica, terminan con precios muy dispares.
Asimismo destacó que hay que tener en cuenta la renegociación de moratorias por COVID-19 en préstamos hipotecarios. “Con la pandemia se dieron moratorias al pago de hipotecas por Covid-19, ante eso ahora los bancos están renegociando las hipotecas con los propietarios para cubrir esos pagos dejados de recibir. Con este cambio, habría que negociar nuevamente esos acuerdos. Es decir, no solo hay un aumento en pago por razón de la moratoria del COVID-19, si no que con esta legislación ese pago subiría más si aumentan las contribuciones a dicha propiedad”, expresó.
El alcalde cuestionó si al trabajar en este proyecto se tuvo en cuenta el posible desplazamiento de personas de escasos recursos o pensionados y el impacto a los retirados que viven de rentas de propiedades, ya que les aumentan sus contribuciones sobre las propiedades. También el hecho de que los contribuyentes deben renovar cada 2 años las mismas, cambiando el paradigma anual de las exoneraciones.
“La Federación apoya la modernización de los sistemas del CRIM y lo que necesitamos es que esta agencia agilice sus métodos de cobro de deudas. Desde la Junta de Directores vamos a impulsar que esto ocurra. Lo que proponemos es que se mantenga la tasación científica que tenemos ahora. Se actualicen los valores de los unitarios y los valores metros de la tierra, con la reevaluación del valor metro de toda la isla basándonos en costo de reproducción incluido en tasaciones de EPA multiplicado por un factor de conversión que habría que rediseñar, traería una valoración del terreno más a fin con la realidad que sea justa y uniforme. Y sobre todo que nos escuchen y nos den un espacio importante en la discusión de este asunto que tiene un impacto directo en nuestros contribuyentes”, concluyó.
