La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) lanzó una estrategia amplia de apoyo a familias que alquilan en Puerto Rico y que podrían estar en riesgo de desahucio. Esta iniciativa incluye tecnología, la creación de un panel de representación legal gratis y cambios en política pública.
“Pese a que casi la tercera parte de las viviendas en Puerto Rico se alquilan, los derechos de las familias que alquilan son ignorados. Las alzas en renta, el desconocimiento de los derechos a la hora de contratar o ante instancias de discrimen, así como las violaciones al derecho a la intimidad o los desalojos a la fuerza, son temas recurrentes en nuestras oficinas”, destacó la licenciada Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de la entidad.
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Godreau Aubert también señaló que ALPR ha atendido más de 455 solicitudes de apoyo legal de inquilinos en entre el 2021 y el presente.
En la presentación, se anunció el Centro Digital para la Autodefensa (CDA) para facilitar documentos útiles para ejercer y defender los derechos dentro y fuera de los tribunales para quienes no pueden costear una representación legal. En esencia es una plataforma digital, accesible usando teléfono celular o computadora, que permite a las familias identificar el tipo de problema legal que enfrentan, educarse y aprender a defenderse por sí mismas, al tiempo en que toman conciencia de que la crisis de vivienda es una colectiva. La herramienta es accesible en www.ayudalegalpuertorico.org/cda
El licenciado David Rodríguez, coordinador de acceso a la justicia y tecnología de ALPR, explicó que a través del CDA las personas " podrán, por ejemplo, crear una contestación a una demanda de desahucio, redactar querellas ante diferentes agencias, o redactar un contrato de alquiler, entre otros formularios que son de gran utilidad”.
ALPR también anunció la creación del Panel en Defensa de Alquileres Dignos dirigido a personas en riesgo de desahucio por impago. Este panel formado por profesionales licenciados en abogacía ofrece acompañamiento legal sin costo para las personas que cualifiquen. Se dará prioridad a personas adultas mayores, jefas de familia, inmigrantes, sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros grupos. Aquellas personas que estén en un proceso de desahucio de su vivienda por impago pueden solicitar la asistencia legal del Panel llamando al 787-957-3106. Las personas abogadas miembros del panel ofrecerán su tiempo a través de una tarifa fija reducida o de la convalidación de horas pro bono. De estar interesados, los abogados deben escribir a probono@ayudalegalpr.org.
“Estimamos que el 90 por ciento de la gente demandada en desahucio no tiene representación legal. Si cambiamos eso, si compartimos educación y herramientas para la defensa – que incluyen pero no se limitan a representar- podemos darles una oportunidad real y justa de defender su derecho a la vivienda”, acotó Godreau.
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Por su parte, la licenciada Pamela Bernard Boigues amplió sobre la necesidad de que la asistencia de renta llegue a quienes necesitan el apoyo.
“Sabemos que casi la mitad de las personas inquilinas gastan más del 35 por ciento de sus ingresos en pagar su renta, pero la pérdida de ingresos por la pandemia y otras complicaciones ha hecho la ayuda insuficiente para estas personas. Al momento, Puerto Rico tiene disponible $325 millones para ayudar a inquilinos con necesidades económicas debido a la pandemia. Apenas se ha logrado el 30 por ciento y podríamos estar en riesgo de perder ese dinero. Debemos hacer cambios”, señaló Bernard.
La organización hizo un llamado a la Administración de Vivienda Pública a ampliar la campaña educativa sobre el programa que cubre hasta 15 meses de renta y utilidades, así como a una ampliación del apoyo que priorice a grupos históricamente vulnerables como adultos mayores, inmigrantes y personas con diversidad funcional.
