El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, reiteró que votará en contra de cualquier intento del Partido Popular Democrático (PPD) de “revivir” la Resolución Conjunta de la Cámara 278, la cual crea un barril de $50 millones para el manejo, según alega, sin control o garantías de distribución.
Esta medida es la misma que daría paso al pago adelantado a los bonistas como parte del Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) y que contiene partidas para algunos aumentos de salario a empleados públicos contemplados en el plan fiscal revisado. El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández ha dicho que intentará que se vuelva a aprobar el 15 de febrero porque de lo contrario queda en manos de la Junta de Control Fiscal la posibilidad de aumentos a los empleados públicos. Sin embargo, la ficha del tranque a la pieza -que se colgó la semana pasada por un voto— parece ser el barril de $50 millones para proyectos que designarán los legisladores.
“Reitero mi posición de votar en contra a esta medida, si tratan de revivirla, como ha sido redactada por la delegación del partido popular. Nuestros servidores públicos merecen un aumento salarial y esta administración, la del Partido Nuevo Progresista, está trabajando para ello. Las RRC 278 no era otra cosa que un fondo para el PPD, no era para hacer justicia a nuestros servidores públicos. Si la intentan traer nuevamente al ‘floor’ no tendrá apoyo de este servidor”, comentó el líder estadista.
El expresidente cameral dijo que la única forma de traer la medida a la discusión nuevamente es que un Representante que le votó en contra pida su reconsideración, de lo contrario, sería una violación al Reglamento de la Cámara.
“En el debate del jueves vimos como el PPD colocó una versión de la RCC 278 diferente a la cual ellos avalaron en la Comisión de Hacienda mediante el proceso de ‘Markup’ en clara violación del Reglamento, así que espero que eso no vuelva a pasar”.
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“Por acciones como esta, bajar una medida de esta manera con apenas horas de estudio, sin ninguna necesidad de ser aprobada ahora, pues aún dejándonos llevar por las guías de la Junta de Supervisión Fiscal, la fecha límite para que el gobierno viabilice el pago de sus obligaciones es el 15 de marzo, no es cónsono con el mensaje de que se van a hacer las cosas diferentes. Acciones como esta (según las disposiciones incluida) es una de las razones por la cual llegamos a la quiebra”, sentenció Aponte Hernández.
El representante del PNP dijo, además, que dicha resolución era otro intento del liderato del PPD para tratar de socavar las prerrogativas del Ejecutivo, en una acción puramente ‘politico partidista’.
“El compañero José ‘Quiquito’ Meléndez trajo un punto muy importante durante el debate de la medida. La resolución quita alrededor de $800 millones a la Administración de Seguros de Salud (ASES), que ahora mismo son utilizados para pagar el plan médico gubernamental-Plan Vital-destinándolos para otros usos. Esto, en esencia dejaría a miles de familias puertorriqueñas en limbo, en espera de que el Congreso apruebe la paridad de fondos de reembolso a través del programa Medicare lo que no tiene fecha cierta. Esto es peligroso, pues también tiene el potencial de afectar las negociaciones del Gobernador y la Comisionada Residente con la Casa Blanca y el Congreso relacionado a la paridad de fondos federales”, añadió el representante por acumulación.