La Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico hizo un llamado al Congreso de los Estados Unidos para que apruebe la asignación propuesta de mil millones de dólares adicionales en fondos de ayuda nutricional a los ciudadanos que residen en Puerto Rico.
“Los puertorriqueños continúan recibiendo un trato desigual bajo el Programa de Asistencia Nutricional (NAP). No hay paridad en los fondos de ayuda de nutrición para Puerto Rico en comparación con los estados y otros territorios. Los mil millones de dólares que estamos solicitando, son fundamentales para evitar una crisis de seguridad alimentaria debido a la abrupta reducción de beneficios que ocurrirá en julio de 2022. La solución para evitar estas contingencias y la necesidad recurrente de asignaciones especiales por parte del Congreso, es lograr la transición de Puerto Rico a SNAP. La aprobación de una nueva Ley Agrícola en 2023 es una oportunidad inmediata para hacerlo”, afirmó Lillian Rodríguez López, portavoz de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico en declaraciones escritas.
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La nueva asignación atenderá la reducción de beneficios que verán los puertorriqueños en julio de este año, tras la conclusión de ayudas por la emergencia del COVID-19 provistas por el Congreso en 2021.
Según la legislación federal, Puerto Rico recibe fondos de nutrición a través del Programa de Asistencia Nutricional (NAP), una subvención con fondos limitados que proporciona beneficios mensuales a participantes en la isla. Esto provoca que las ayudas que reciben los puertorriqueños sean significativamente menor que los estados de la nación, y territorios como Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI), quienes participan en el Programa de Nutrición Suplementaria (SNAP). El SNAP es un programa basado en las necesidades del individuo y la familia, que puede responder efectivamente a cambios demográficos, niveles de pobreza y estancamiento económico. Los beneficiarios del SNAP reciben beneficios mensuales más altos y tienen acceso inmediato a fondos adicionales para desastres.
“La crisis de seguridad alimentaria va en aumento a nivel mundial y los factores que han afectado la producción y distribución de alimentos, así como el costo de éstos han afectado a Puerto Rico también. El sector de alimentos y los minoristas trabajamos diligentemente para garantizar la disponibilidad de alimentos de calidad para los residentes de Puerto Rico, pero existen fuerzas económicas que están más allá de nuestro control. Esta nueva asignación le permite a la isla abordar los efectos combinados de COVID-19, la inflación y los desafíos de la cadena de suministro. La solución ideal es hacer la transición de Puerto Rico a SNAP el próximo año”, señaló Manuel Reyes de MIDA y miembro de la Coalición.
“El reclamo de paridad que presentamos hoy al Congreso de los Estados Unidos no es uno meramente presupuestario. Nuestro reclamo busca asegurar que todas las personas que viven en Puerto Rico tengan acceso adecuado a suficientes alimentos saludables para tener seguridad alimentaria y calidad de vida. Es un reclamo de dignidad humana que el Congreso debe atender de inmediato y permanentemente”, puntualizó Charlotte Gossett Navarro, directora Principal de Hispanic Federation en Puerto Rico.
