Diversas organizaciones ambientales y comunitarias exigieron este jueves a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que rechace públicamente todas las propuestas de rescate financiero que propone la empresa Applied Energy Systems (AES) Puerto Rico, incluyendo el traspaso de la titularidad de su planta de carbón al gobierno.
“De igual forma, AES propone pasar la titularidad de su carbonera a la corporación pública, que la AEE le conceda un nuevo contrato, esta vez solo como “operador” de la instalación, y que el Gobierno de Puerto Rico asuma todos sus gastos, incluyendo la compra del carbón y más de 150 millones de dólares en costos ambientales. Eso es una desfachatez y una falta de respeto a las miles de personas afectadas por su contaminante producción de energía”, dijo Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas en declaraciones escritas.
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Durante la semana pasada el periódico La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), informaron y evidenciaron que el presidente de la empresa AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga Serfaty, envió una comunicación escrita a ejecutivos de la AEE donde informó que la compañía sufre de un grave problema de flujo de efectivo.
A pesar de que el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, aseguró que no recomienda rescatar financieramente a AES, ha guardado silencio sobre la totalidad de las propuestas de la empresa carbonera.
“El director ejecutivo no hace referencia a la carta que Natalie A. Jaresko, presidenta de la Junta de Control Fiscal, envió a Fernando Gil-Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, el 4 de octubre de 2021, donde insta a la AEE a renegociar directamente con AES su actual contrato. Ambos tienen que dar explicaciones sobre por qué ocultaron al pueblo las negociaciones que tienen con AES. ¿Por qué ocultaron tal información al Congreso de Estados Unidos durante las vistas investigativa que realizó el año pasado la congresista Katie Porter, sobre la carbonera en el Subcomité de Recursos Naturales de la Cámara? El pueblo necesita transparencia en este proceso. Necesitamos acceso a los documentos, pues el futuro de las comunidades está en juego”, afirmó Adriana González Delgado, coordinadora de Sierra Club de Puerto Rico.
Por su parte, Alberto Colón Del Valle, líder de la comunidad Miramar de Guayama, lamentó que el gobierno nunca toma en consideración la crisis de salud que sufre diariamente las personas que viven cerca de la planta de carbón.
“AES nos contamina el agua, el aire y la tierra; nos envenena la salud y nos asesina; nos atropella con sus camiones de cenizas tóxicas y sus conexiones políticas en el gobierno; y ahora pretende que los rescatemos con fondos públicos que salen del bolsillo de las propias personas enfermas y perjudicadas. Definitivamente la AEE no puede aceptar esta desastrosa propuesta y hay que cerrar la planta de carbón. En Guayama nos estamos muriendo por culpa de AES. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona para la AEE y para el gobernador Pierluisi?”, comentó el líder guayamés.
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Por último, la química Nilda Dávila Collazo, del grupo Somos Sur, aseguró que la planta de AES es la más costosa para el pueblo de Puerto Rico.
“Josué Colón alega que se dispararían los costos si cierra AES, pero no menciona la costosa carga que ya sufren en los servicios médicos a la comunidad, así como para las familias que atraviesan enfermedades como el cáncer. A eso le sumamos el uso de la policía para proteger a AES, los costos en tribunales, y lo que idealmente debe subsanar AES en remoción de las cenizas tóxicas, entre otros costos. Sin lugar a dudas, AES es la energía más cara en Puerto Rico. No podemos esperar al 2027, la planta hay que cerrarla ya”, insistió Dávila Collazo.
En su carta a la AEE las organizaciones solicitaron que la corporación rechace públicamente todas las propuestas de AES; que entregue todas las comunicaciones entre Jesús Bolinaga Sefarty, Presidente de AES-PR, o cualquier otro ejecutivo de AES-PR o AES Corporation, con cualquier miembro o representante de la AEE o de la Junta de Gobierno de la AEE, desde el 2019 al presente; y exhortaron a la AEE a utilizar cualquier fondo disponible para el desarrollo de proyectos públicos de fuentes de energía renovable distribuida, especialmente el uso de placas solares con baterías en techos de los hogares, dando prioridad a las familias de escasos recursos económicos.
