P. R. regresaría a principios del siglo 20 si imponen Junta

“Un detalle básico sobre el cual debemos pensar es cuál será el rol del electorado puertorriqueño respecto a la Junta. Si van a alterar la manera en que nuestro gobierno opera y las decisiones no se van a tomar por nuestros funcionarios electos, tenemos un serio problema de democracia”-  Phillip Escoriaza, internacionalista

“La Junta de Control es una reversión a lo que tuvimos a principios del siglo 20. Es decir, tendríamos un gobierno de nombre nada más. La Junta determinaría a dónde se van a dirigir los recursos fiscales de P. R. y podríamos perder el único elemento de soberanía que tenemos”- José Rivera, analista político internacional

Datos El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE. UU. propone, por medio de legislación, una Junta Federal de Control Fiscal sobre Puerto Rico con poderes mayores a los de la Constitución de la Isla. La Junta tendría la última palabra sobre presupuesto de la Isla. • LA JUNTA. Estaría compuesta por cinco personas nombradas por el Presidente de EE. UU.  • EL GOBERNADOR. Sería miembro de la junta, pero no tendría derecho a voto.

La creación de una Junta Federal de Control Fiscal con poderes absolutos otorgados por el Congreso de los Estados Unidos (EE. UU.) para tomar decisiones sobre la administración pública de Puerto Rico, aún por encima de la Constitución de la Isla, llevaría al País de vuelta a principios del siglo 20, cuando el sistema de gobernanza se regía bajo la Ley Foraker y luego por la Ley Jones. 

“En gran medida sería invalidar lo que ocurrió en el 1952 (cuando se hizo efectiva la Constitución de Puerto Rico) y volver al mecanismo que produjeron las dos actas orgánicas, la Foraker y la Jones, que fueron leyes aprobadas por el Congreso y firmadas por el Presidente de los Estados Unidos”, puntualizó el profesor Phillip Escoriaza, experto en relaciones políticas. 

La Ley Foraker estuvo vigente desde 1900 hasta 1917 y establecía un gobierno civil dividido en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, aunque el poder ejecutivo estaba a cargo de un Gobernador que era nombrado por el Presidente de los Estados Unidos. Del mismo modo, se nombraba un Consejo Ejecutivo compuesto por 11 personas, de las cuales solo cinco debían ser puertorriqueños. 

La Ley Jones,a partir de 1917, también separó los poderes y creó una legislatura bicameral localmente elegida. Sin embargo, el gobernador, el presidente de los EE. UU. y el Congreso tenían el poder de vetar cualquier ley aprobada por el cuerpo legislativo. El gobierno de EE. UU. mantenía el control sobre asuntos fiscales y económicos del País, precisamente lo que se pretende hacer mediante una Junta de Control Fiscal. Con la creación del Estado Libre Asociado (ELA) el gobierno federal trasladó al gobierno local la capacidad de manejar y distribuir los fondos que recibe y que produce a través de contribuciones e impuestos y se creó una Constitución que ahora, según los expertos, está en entredicho. 

“Estados Unidos necesitaba algún tipo de muestra de que el estatus político o la condición política de Puerto Rico se había resuelto al menos temporeramente para entonces tener algún tipo de autoridad moral para denunciar el colonialismo a nivel mundial. En ese sentido, el ELA aparenta ser un progreso con relación al régimen anterior, pero ciertamente es una cuestión ilusoria y cosmética que pretende calmar las mentalidades y pensamientos en términos de que Puerto Rico es una colonia sin tener el nombre”, indicó José Rivera, analista político y experto en asuntos internacionales. 

Y es que si bien es cierto que la Constitución de Puerto Rico enumera ciertos poderes, derechos y deberes, no es menos cierto que se trata de un documento aprobado por el Congreso de los EE. UU., por encima de la supuesta aprobación de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. 

“El efecto constitucional de que la soberanía esté en el Congreso no ha cambiado. Nuestra Constitución existe por una ley norteamericana, no es por la voluntad del pueblo de Puerto Rico que en ejercicio soberano crea una Constitución, así que no se puede equiparar la Constitución puertorriqueña a la Constitución de un país soberano. En todos los supuestos, desde la invasión de 1898, la soberanía de la Isla siempre ha residido en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, la Junta de Control Fiscal todavía limitaría más la Constitución que tenemos”, explicó por su parte Efraín Vázquez, profesor de diplomacia y política internacional. 

En ese sentido, los expertos plantean que la coyuntura histórica por la que atraviesa Puerto Rico supone una reflexión profunda por parte de los puertorriqueños respecto a cuál será el papel de los constituyentes de la Isla en torno a la decisiones de la Junta, cuál debe ser al relación entre EE. UU. y Puerto Rico y qué intereses son los que estaría defendiendo la posible Junta.Se prevé que el proyecto baje a votación en la Cámara baja del Congreso a mediados del mes de abril, para luego pasar a|consideración del Senado.