Columna de Rafael Lenín López: IVA, la Ley Seca y El Manco

Pero insisto en que el problema de fondo es la incompetencia, el desgano, el pobre compromiso, la ausencia de una medición de productividad y la impunidad por la mediocridad en el servicio público.

Empecemos por el tema de la ley seca. No hay que ser un constitucionalista para saber que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no tiene la facultad de derogar leyes. Aun así, se metieron en la discusión por una controversia pública, con razón, por lo absurdo de la ley en cuestión.  Su intervención en el tema fue tan errático que tuvo el efecto de minar lo más preciado que tiene ese organismo, la confianza pública. A poco más de dos meses de unas primarias que se esperan sean concurridas y de las elecciones generales de noviembre, no se podían dar el lujo de que su credibilidad tuviera la más
mínima erosión.

Vamos al IVA. Ha resultado un chiste, a mi juicio, que desde la Asamblea Legislativa se anuncie que reabrirán un proceso de vistas públicas sobre la reforma contributiva. ¿Quién falta por opinar sobre este tema?

No solamente hubo una amplia discusión sobre este asunto el año pasado, sino que, previo a la radicación del proyecto de reforma contributiva por parte del gobernador, la Cámara de Representantes realizó foros a través de todo el país “para recoger el sentir de los puertorriqueños” en torno a los cambios necesarios a nuestro esquema de recaudación de impuestos. De hecho, fue un proceso criticado por no estar basado en una propuesta formal. Hoy, en vez de reabrir la discusión, deben desempolvar todas las ponencias recibidas y tomarlas en consideración.  De lo contrario, el ejercicio anunciado esta semana por la Cámara será una muestra más de la demagogia a la que nos tienen acostumbrados nuestros políticos.

Si bien es cierto que los políticos tienen que escuchar al pueblo y desempeñarse en beneficio del colectivo, esto no puede ser una excusa retórica para no actuar o dar la impresión de que algo se
está haciendo. 

Cada vez que un político dice que convocará a “una mesa de diálogo” o “escuchará al país”, algo me dice que nada pasará. Recurren a estos llamados para postergar las decisiones difíciles o antipáticas olvidándose de que para eso fueron electos.

Termino con el triste caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho. Después de seis años, en la víspera del asesinato —y la fecha para el anuncio no es coincidencia— el Departamento de Justicia anunció su “esclarecimiento” y anunció la teoría final del crimen.  Resulta inverosímil que, tras mucho tiempo de espera (incluyendo tres años de esta administración), el secretario de Justicia le comunique al país que el autor fue el hombre que escaló la casa aquella noche dejando rastros de los que conocemos desde un principio.

La teoría adoptada por el Estado como final en este caso luce desproporcional con la cantidad de recursos investigativos que se invirtieron en el proceso. Y si adoptáramos como cierta la acusación que en su momento el foro judicial adjudicará, el anuncio de César Miranda debió venir acompañado de acciones contra aquellos funcionarios que actuaron, ya sea negligentemente, criminalmente o de manera antiética en el proceso investigativo. No solamente manteniendo en vilo a todo un país, sino alimentando señalamientos que al sol de hoy han tenido el único efecto de separar aún más a una familia y desprestigiar a personas que no
fueron acusadas.

Los fallos en el servicio público no pueden quedar impunes porque, por estos y muchos otros ejemplos, surge el clamor público, en la mayoría de los casos sin fundamento, para que se despidan empleados del gobierno o los servicios sean privatizados. Es necesario que se ponga orden en la casa ya.