Columna de Rafael Lenín López: Choque, ¿qué choque?

No soy abogado ni pretendo aparentarlo. Pero los temas en discusión en estos días me llevan a analizarlos desde la óptica periodística y del ciudadano común…

Por Rafael Lenín López @LeninPR

24 feb 2016, 11:00 pm 4 min de lectura

No soy abogado ni pretendo aparentarlo. Pero los temas en discusión en estos días me llevan a analizarlos desde la óptica periodística y del ciudadano común que observa el desarrollo de los eventos públicos.

El lunes, el Senado confirmó de manera expedita a Maite Oronoz como jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esa misma noche, a puerta cerrada y a toda prisa, Oronoz fue juramentada al cargo por su compañera jueza Anabelle Rodríguez, también nombrada por una administración del Partido Popular.

El liderato senatorial ha dicho que actuó de esta forma para evitar un choque constitucional ante la amenaza que representaba una demanda que impugnara la facultad constitucional del gobernador para nombrar al presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Plantea la demanda que deben ser los jueces asociados los que escojan, como cuerpo colegiado, a su presidente. Este es un debate que ha estado presente de manera silenciosa por muchos años y que pocas veces se ha presentado públicamente como ahora.

Sin embargo, a pesar de la acción de la administración popular, la demanda en cuestión sigue viva y un tribunal de baja jerarquía, que tiene jurisdicción primaria sobre el pleito, le ha dado un plazo a Alejandro García Padilla para que la conteste.  Los abogados demandantes han dicho que buscarán elevar de inmediato el issue al Tribunal Supremo para su discusión.  En el camino, son anticipables los argumentos del Estado ante la demanda sobre la academicidad de la misma o la falta de legitimación activa de los demandantes. Eso será materia de discusión en alguna sala judicial.

Sin embargo, el comportamiento del Senado el pasado lunes es equivalente al del nene chiquito que, ante una travesura,  corre y se esconde para evitar ser disciplinado por su papá en vez de enfrentar la situación. A mi juicio, el Senado sobreactuó ante una demanda que no iba a ser adjudicada de inmediato. La mayoría popular avanzó para asegurarse que perpetuaría a una correligionaria política en la presidencia del Supremo.  ¡Qué desesperación!

El nombramiento del presidente de nuestro Tribunal Supremo es un asunto serio. Esa figura es la que dirige una de nuestras tres ramas de Gobierno. Para ponerlo de otra manera, está a la misma altura que la del gobernador o al mismo nivel que los dirigentes del Parlamento, cada uno en su rol.  El análisis de ese nombramiento, por el bien de la propia Oronoz, debió haber sido amplio y transparente. Tanto ella como los senadores que la iban a confirmar debieron haber convencido al país que nuestra Rama Judicial estará en las mejores manos. En cambio, decidieron dejar al pueblo en tinieblas. Será un misterio que solo develará el tiempo para conocer si Oronoz tiene la capacidad administrativa y las ideas necesarias para dirigir nuestra Judicatura por los próximos 30 años.

Además, para mí es una gran intriga la actuación del presidente del Senado en este caso. ¿Por qué Eduardo Bhatia, el más feroz disidente del gobernador y hasta mencionado aspirante a la presidencia del Supremo, decide embarrarse con esta controversia y hacerle el favor político a García Padilla evitándole un episodio vergonzoso? El tiempo también dirá. Claro, es un hecho que la compañera de vida de Oronoz es la jefa de personal del Senado, o sea, empleada de confianza de Bhatia.

Se esbosa la teoría de evitar el choque constitucional.  ¿Qué choque constitucional? ¿Acaso nuestros gobernantes no deben legitimar con sus acciones el sistema que juraron defender? Si había una demanda, lo correcto era permitir que el sistema la adjudicara y no atropellar el proceso político para pretender que la misma quedara muerta. Ah, ¿que a algunos no les simpatizan los actores en el sistema? Bueno, eso no es razón para atropellarlo ni hacer jugaretas parlamentarias para burlarlo. ¿O es que no querían que creciera una oposición en la mayoría popular que pusiera en juego la nominación?

Hablando de choques constitucionales de verdad. Hoy en Washington vuelve a discutirse la posibilidad de que se establezca para Puerto Rico una junta de control fiscal federal. O sea, el tío Sam intenta eliminar de un plumazo los poderes constitucionales de nuestras ramas de gobierno. Ante ese real choque constitucional, nuestra clase política actúa de otra forma. Con eso bregan con sumisión. Ahí es que se demuestra que hay choques y hay choques que indignan más o menos a nuestros políticos. Usualmente, en los que tienen que ver con nuestras peleas locales la reacción es avasalladora. Con la amenaza del choque que proviene del enemigo exterior que juraron combatir es otro el cantar.