Ausente el reglamento para evaluar becados

El académico estableció que en los dos documentos disponibles sobre la beca no hay especificaciones que regulen los criterios de selección.  “En cada recinto se utiliza un mecanismo. Yo hice la convocatoria a los rectores. Pero cómo los rectores [seleccionan a sus candidatos] a mí al menos no me concierne”, detalló cuando miembros de la Junta de Gobierno le cuestionaron sobre los parámetros que se utilizan para asegurar la transparencia del proceso. 

Ante esto, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó en su reunión de ayer una moción para que sea un ente externo el que evalúe el proceso mediante el cual se otorgaron 13 becas presidenciales. 

Será la Secretaría quien decida esta misma semana cuál será la entidad encargada de la investigación que pasaría revista sobre el proceso de otorgación de la beca presidencial. Fue el licenciado Rafael Escalera Rodríguez quien propuso que un investigador o auditor externo rinda “un informe que nos arroje luz sobre el proceso, y, si hay algo que corregir, se dará paso a ello”. 

Mientras, el  secretario de Educación, Rafael Román, apuntó que “aquí no hay duda de que hay cosas que cambiar en el proceso y sobre eso hay consenso”. 

En contrate, el representante estudiantil graduado en la Junta de Gobierno, Christian Arvelo, estableció que en los tiempos que atraviesa la universidad es necesario contar con un liderato que defienda los procesos y el presupuesto, por lo que presentó una moción para pedir la renuncia de Walker, la que no pasó. 

“Yo no estoy aquí pare cuestionar los méritos de los compañeros o de las personas que tienen las becas. Ahora sí, me molesta que aquí había un asunto de juicio en el que se otorgaron fondos públicos y donde se dio una expectativa de permanencia. Ahora mismo nosotros necesitamos una administración que pueda dirigir unos cambios y que pueda defender nuestro presupuesto. Con esta acción con qué cara irán a la Legislatura a decir que necesitan más dinero si están regalando el dinero. El asunto es que, si yo veo una normativa que fue vaga y todo fue tan apresurado, debe haber una alerta de que debo tomar las cosas con calma. Los estudiantes están bien molestos […]. Tuvimos un diálogo y el consenso es que la administración  universitaria tiene que renovarse, tanto la presidencia de la universidad como todo. En ese sentido, yo presento una moción para que se considere en esta junta solicitar renuncia al presidente de la universidad”, sentenció el representante estudiantil.

Por su parte, La Fortaleza tomó distancia sobre la situación de las becas presidenciales. “A La Fortaleza ni se le ha consultado ni ha habido ningún tipo de recomendación para esas becas”, aseguró el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz. Igualmente, descartó que desde el Ejecutivo se vaya a ordenar alguna investigación sobre el particular por la autonomía universitaria que posee el primer centro docente de la isla.

La polémica de las becas presidenciales se desató la semana pasada, cuando Metro reveló que tres de los becados guardan relación con la administración actual. Y es que Carlos Pagán, quien cursaría estudios en Derecho en Harvard, fue asistente del hermano del gobernador Antonio García Padilla; Arturo Ríos Escribano fue asesor de asuntos laborales en Fortaleza hasta el 2014; y Mónica Sánchez Sepúlveda es sobrina del presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.  

Sánchez, quien se inhibió de participar en la discusión de la beca presidencial, está actualmente siendo señalado de pasar por alto una serie de denuncias contra el decano de la Escuela de Arquitectura, Francisco Rodríguez, quien recomendó a la sobrina de Sánchez para el programa de becas, según revelan documentos publicados en elcalce.com en la mañana de hoy.