Exigen que el Congreso respete constitución de P.R.
El exsecretario general del Partido Popular Democrático, Jorge Colberg, sentenció que llegó el momento de enfrentar a los enemigos de la Constitución del…
Por Sarah Vázquez @SarahFVazquez
El exsecretario general del Partido Popular Democrático, Jorge Colberg, sentenció que llegó el momento de enfrentar a los enemigos de la Constitución del Estado Libre Asociado y señaló que el primer paso, debe dirigirse a enmendar los proyectos del Congreso para que se mantenga el ordenamiento constitucional y las facultades del gobierno local.
Y es que, según alega Colberg, “los proyectos de ley radicados en el Congreso por el senador republicano Orrin Hatch y el congresista Sean Duffy están plagados de errores y contradicciones que – de someterse como están redactados – jamás recibirán el consentimiento de un solo puertorriqueño que se respete”.
“La exigencia del gobernador Alejandro García Padilla y del presidente del PPD, David Bernier, a los fines de que cualquier legislación federal tiene que respetar nuestro ordenamiento constitucional, debe ser el reclamo de todos los puertorriqueños. Quienes abogan en la isla por la imposición de una Junta de Control Fiscal que usurpe los poderes de nuestra Constitución, sencillamente traicionan al pueblo”, expresó Colberg.
El ex secretario de asuntos públicos aseguró “que los estadolibristas no se quedarán de brazos cruzados y sostuvo que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a lograr que los congresistas enmienden los textos de los proyectos para corregir sus deficiencias o redactar medidas sustitutivas”.
“Quienes redactaron esas medidas no tuvieron la más mínima deferencia de conocer los procedimientos legislativos y operacionales del gobierno de Puerto Rico. Esos proyectos tienen tantas deficiencias que en la práctica, nunca podrían ser implantados sino se enmiendan sustancialmente”, expresó el líder popular.
Colberg dijo que la legislación propone calendarios irreales, otorga funciones a agencias que ya no existen, ofrece inmunidad a la Junta pero le transfiere la responsabilidad legal al gobierno de Puerto Rico, establece términos a los legisladores para actuar obviando los periodos de sesiones, no distingue las diferencias en los términos de los años fiscales entre ambos gobiernos y para colmo, pretende colocar al gobernador y los legisladores como empleados de la Junta de Control Fiscal. “Esos proyectos, como están redactados, constituyen un insulto al pueblo de Puerto Rico. La única alternativa es enmendarlos significativamente”, concluyó.
El jueves 25 de febrero el tema de la crisis fiscal se estará discutiendo nuevamente en el Congreso. En mayo vence un pago del Banco Gubernamental de Fomento que asciende los $400 millones, mientras que en julio vence uno de sobre $700 millones de Obligaciones Generales.
