Aseguran que Canóvanas es fuente de empleo para "políticos derrotados"

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, tiene en la nómina municipal a varios políticos derrotados del Partido Nuevo Progresista (PNP), mientras hay necesidad…

Por Inter News Service

9 feb 2016, 11:00 pm 2 min de lectura

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, tiene en la nómina municipal a varios políticos derrotados del Partido Nuevo Progresista (PNP), mientras hay necesidad apremiante de servicios a la población y para el pago de liquidación de vacaciones y licencia por enfermedad a los empleados regulares. 

La denuncia la hizo hoy el presidente del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Canóvanas, Enrique Calderón. 

El candidato a la alcaldía por este municipio se hizo eco de varios empleados y exempleados municipales que le hicieron el reclamo.

“Que informe Soto si el exalcalde de San Juan, Jorge Santini, es parte de sus refugiados políticos, si la exdirectora de Deportes del municipio de San Juan, Mari Batista, está en su nómina, mientras hay necesidad de mayor seguridad a los ciudadanos”, declaró Calderón.  

Aseguró que “lo mismo pasa con el candidato PNP a senador por distrito Rubén Martorell, así como un hijo del Alcalde de Fajardo, cuando tenemos tantas facilidades deportivas en Canóvanas sin mantenimiento adecuado”.  

“¿Cuáles son las funciones y resultados de estos contratistas, donde en conjunto el gasto mensual asciende a 12,000?”, cuestionó Calderón. 

Para el político, “esta es la misma señora Lornna Soto que se aumentó el salario de manera ilegal y donde el Departamento de Justicia ya emitió una decisión en el mes de diciembre”.

El secretario de Justicia, César Miranda, informó el 2 de diciembre de 201 sobre la demanda presentada contra la alcaldesa de Canóvanas por pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero en exceso. Las acciones legales son el resultado de referidos a Justicia por la contralora, Yesmín Valdivieso, relacionados a otorgamiento de aumentos salariales, informó Miranda. 

El caso incoado contra Soto es por devengar salarios mayores a los 6,500 mensuales que le correspondían al momento de asumir el cargo, tal como se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada en junio de 2014.