Empleados DE dan información falsa para obtener puestos de carrera

En la investigación publicada a principios de este mes se destaca que la Oficina de Reclutamiento no Docente del DE no validó si los aspirantes reunían los requisitos mínimos para ocupar los puestos ni evaluaron las competencias, la experiencia y la preparación de estos. Por lo que los nombramientos no se realizaron conforme a la ley y la reglamentación aplicable.

Esto a pesar de que para los puestos compitieron unas 69 personas que cumplían con los requisitos mínimos para los puestos. De estos 38 fueron seleccionados para entrevista. La convocatoria para las vacantes fue del 10 de septiembre de 2002 al 3 de junio de 2004.

Los puestos ocupados son: director auxiliar, técnico de administración I, técnico de sistemas de información, dos de auditor interno y dos de director ejecutivo.

“Los siete aspirantes suministraron información y documentos falsos para cualificar para un puesto de carrera en el DE, con la intención de ocupar el mismo. Además, 5 de los 7 aspirantes no cumplían con los requisitos mínimos de dichos puestos. Para un caso, en la Convocatoria no se requería experiencia previa y para otro caso, el requisito de experiencia se podía sustituir con el grado obtenido de una universidad acreditada (Grado Asociado o Bachillerato). Aun así, ambos aspirantes presentaron certificaciones de empleo con información falsa que formaron parte de los documentos que fueron evaluados y, posteriormente, archivados. En el caso del Aspirante 2, este obtuvo puntos adicionales que lo ayudaron a obtener una mejor posición en el Registro de Reclutamiento y a ser seleccionado como candidato para entrevista”, detalla la investigación.

El reglamento del DE establece que la agencia ofrecerá la oportunidad de competir a todas las personas que reúnan los requisitos mínimos establecidos en la clase de puesto que solicita.

Estas situaciones fueron referidas en octubre pasado al secretario de Justicia, César Miranda, y a la Oficina de Ética Gubernamental.

De estos hechos “pudo haberse configurado el delito de falsificación de documentos, según tipificado en el Artículo 271 del Código Penal de Puerto Rico.  Lo mencionado afecta adversamente la imagen pública del DE y de sus funcionarios y empleados ante la ciudadanía”.

En contestación a la investigación el secretario de Educación, Rafael Román, dijo que ya reubicó en otros puestos a las siete personas investigadas. Además, expresó que la agencia está colaborando con las agencias que investigan.

El informe completo está en www.ocpr.gov.pr