Columna de Alex Delgado: ADN: Justicia ≠ Política

El caso más discutido referente a este tema es el de los tres individuos convictos por el asesinato de la joven Glorimar Pérez Santiago, ocurrido en el 1988. Los fiscales e investigadores del caso sometieron la evidencia sin pruebas de ADN ya que no estaban disponibles para ese entonces. Hoy los acusadores, y los familiares de la víctima, se oponen a que se le realicen dichas pruebas a la evidencia. Dicen estar seguros que los asesinos son los tres convictos, pero no desean las pruebas científicas. ¿Porque? A eso súmele que el principal testigo contra los acusados se retractó, sin ninguna presión. Uno de los convitos, Nelson Ruíz, ha solicitado que se hagan las pruebas de ADN a la evidencia y su familia está dispuesta a cubrir los costos. Nuestro gobierno se opuso. ¡Insólito! ¿Como pudieron oponerse y dormir con la duda de tener a unos inocentes encarcelados?

El 27 de marzo del 2014 la representante Jennifer González, junto a los legisladores Charlie Hernández, Luis Vega y el presidente Jaime Perelló, radicaron un proyecto de ley (P de la C 1794) para realizar dichas pruebas a los casos con los criterios antes mencionados. En el programa Los Fiscales (Noti Uno 630) discutimos esta sitiuación en varias instancias, e incluso, la representante González estuvo una hora completa hablando de la necesidad de que esta medida se convirtiera en ley para atemperarnos a los Estados Unidos sobre este asunto.

Entre abril y mayo del 2014, en el programa Jugando Pelota Dura (Sistema TV), tuve la oportunidad de dialogar con el Secretario de Justicia, Lcdo. César Miranda, sobre el proyecto y la posibilidad de que el ministerio público permitiera  realizar las pruebas a la evidencia del caso de Pérez Santiago, costeadas por la familia de Nelson Ruíz. Percibí resistencia, aunque noté Miranda tampoco cerraba la puerta a la posibilidad.

El 7 de junio pasado, el Lcdo. Osvaldo Carlo, radicó una demanda en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico para que fuera este foro el que obligara, de una vez y por todas, al gobierno local a realizar las pruebas de AND.

El 3 de agosto de 2015 el gobernador interino, David Bernier, vetó el proyecto. Según publicado y aunque usted no lo crea, la razón fue que era muy costoso para el gobierno cubrir dichas pruebas. ¿Y la justicia?, ¿dónde queda? Ocho días después del veto de Bernier, los tres legisladores vuelven a la carga y presentan nuevamente el proyecto como el P de la C 2570 y se aprueba. Llega a La Fortaleza el 2 de diciembre, antes de que el goberndor Alejandro García Padilla anunciara que no buscaría la reelección. Luego del anuncio del primer mandatario sobre la no aspiración, entonces sí se firma el proyecto y se convierte en ley.

¿Porqué en agosto era costoso y en diciembre no importó?

En primer lugar usted y yo sabemos que el juez Francisco Besosa, quien atendería el caso el tribunal federal, bajaría “por la goma” contra el gobierno de Puerto Rico, gobierno que podía dormir tranquilamente con personas inocentes dando vueltas en su conciencia. El gobierno del Estado Libre Asociado anticipaba el futuro de la demanda de Ruíz por vía del Lcdo. Carlo. Terminarían siendo obligados a realizar las pruebas con o sin dinero. La defensa de que cuesta muchos chavos no aguantaría 2 segundos con medio argumento de derechos civiles, humanos y de justicia.

De otra parte, este caso deja un triste sabor o percepción de que la política electoral vá por encima de la justicia. Hay quien pudiera entender que La Fortaleza temió en un momento algún efecto electoral si daban un movimiento que permitiera que estos tres convictos salgan a la libre comunidad y el caso de Glorimar Pérez Santiago quedase sin justicia. El problema es que justicia para las víctimas no es tener a alguien preso, por tenerlo. Recordemos que el gobernador García Padilla ganó por un escaso margen de .06% y pensaba ir a la reelección, por lo que lo que no necesitaba una campaña negativa con este caso. Una vez anunciada la intención de no aspirar, ya no hay presión electoral. En el caso de estos tres jovenes, si la prueba los exculpa, que los liberen. Si no, que continúen cumpliendo, pero con una mínima duda no debemos quedarnos.

Puede escuchar o leer personas que agarran el cordon de la chiringa cuando ésta ya volaba, pero el verdadero crédito de este suceso histórico recae en González, Hernández, Vega y la presión de la demanda del Lcdo. Osvaldo Carlo, quien me consta estuvo batallando con el secretario Miranda y el jefe de fiscales José Capó, antes y durante la demanda.