Reclaman al Estado que imponga controles a los medicamentos expirados

Peña Ramírez anunció que se trata del Proyecto de la Cámara 2441, el cual enmienda el Artículo 12 de la Ley 81 de 1912, a los fines de obligar a la Secretaria de Salud a crear el programa para ser instituido en cada una de las oficinas regionales de dependencia.

El reglamento también tendrá que ser publicado en la página de Internet de la dependencia, de modo que la ciudadanía pueda orientarse sobre el proceso de descarte de medicinas.

“De tiempo en tiempo, la Agencia Federal Antidrogas (DEA, siglas en inglés), lleva a cabo en Puerto Rico un recogido de medicamentos expirados, no usados o no requeridos en los hogares, debido al problema del consumo de medicamentos controlados en adolescentes, muchos de los cuales se encuentran disponibles en los botiquines de sus correspondientes residencias”, expresó el representante del PNP por los municipios de Las Piedras, Juncos y San Lorenzo.

Peña Ramírez alegó que esto se hace por la falta de un protocolo central a seguir, por lo que su medida corrige esa deficiencia.

Según los estimados de la DEA, el consumo de estos medicamentos es tan alto que casi ha desplazado el uso de la marihuana como sustancia ilícita de iniciación al uso de drogas.

“Lamentablemente, y según exponen los conocedores del tema, los ciudadanos mayormente se deshacen de estos medicamentos echándolos por el inodoro o en la basura, la primera práctica contamina los acuíferos y la segunda, además de aumentar la toxicidad de los vertederos, se presta para que delincuentes los saquen de la basura para su consumo o venta”, añadió.

El también portavoz de la delegación del PNP en la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara recalcó que desde el año 2003, proyectos parecidos al suyo han sido implantados en decenas de estados y todas estas legislaciones creadas tienen un fin común, aunque se establecen bajo agencias y mecanismos distintos.

“Estos esfuerzos han sido diligenciados en coordinación y por instalaciones de salud, proveedores de salud, departamentos de salud y farmacias, entre otros”, detalló.

Señaló que junto al claro beneficio al medio ambiente, esta iniciativa contribuye a modificar las conductas ciudadanas y evita la acumulación de restos de medicamentos en los botiquines caseros.

“Esta práctica sirve para frenar la automedicación y disminuye los riesgos derivados del uso de medicamentos en mal estado. En síntesis, este proyecto de ley atiende asuntos fundamentales de salud pública, como lo es la protección de nuestras aguas, reducir casos de envenenamiento accidentales, reducir el acceso y uso ilegal de medicamentos, desalentar y reducir actividades delictivas relacionadas y reducir el desperdicio médico, entre otras cosas”, insistió.