Columna de Alejandro Figueroa: Un llamado que puso a todos a correr
Representantes de tres sectores ideológicos analizan el proyecto de Orrin Hatch que impone un control federal para Puerto Rico
Por Alejandro Figueroa @ajfc1976
Pedro Pierluisi puso los puntos sobre las “íes” y no es para menos. Tras meses de discusión ante el Congreso sobre la crisis que atraviesa Puerto Rico, todavía ese cuerpo no ha tomado acción afirmativa para ofrecerle a la isla las herramientas que le permitan aliviar la pésima situación económica y fiscal en la que se encuentra. La razón es clara. Tal como señaló el máximo líder estadista, la relación entre el Gobierno federal y Puerto Rico permite que el Gobierno federal trate a la isla decentemente cuando les conviene y, a la vez, tratarnos mal cuando no. Es evidente que vivimos a su antojo, sujetos a sus impulsos, que no están supeditados a normas legales o estándares morales que, para las gradas, pretenden imponerles a otros.
Como cuestión de hecho, varias alternativas se han presentado ante el Congreso, entre las que se destacan el proyecto de Pierluisi para permitir que las corporaciones públicas de Puerto Rico tengan la facultad de acogerse a la Ley de Quiebras federal. Sin embargo, hasta ahora los proyectos presentados no han sido llevados a votación, aunque sí se han llevado a cabo varias vistas sobre la presente situación.
Sin embargo, el constante cabildeo de Pierluisi, tanto ante el Congreso como con las agencias federales y sus comparecencias a las vistas que se han llevado a cabo, provocaron que tanto Senadores como representantes de “allá” presentaran medidas para atender la crisis. Por fin reaccionaron.
En el Senado, el presidente Hatch presentó un proyecto de ley titulado Ley de Asistencia a Puerto Rico de 2015’ De entrada, hay varios aspectos del proyecto que son positivos, tales como el reconocimiento de que a Puerto Rico se le trata desigualmente bajo los programas federales de salud; la asignación de hasta $3 mil millones en fondos federales para ayudar al territorio; y alivios en impuestos federales sobre la nómina para los trabajadores en la isla durante cinco años.
No obstante, la medida de Hatch carece de un mecanismo que permita al Gobierno local reestructurar la deuda, uno de los problemas principales en términos presupuestarios. Del mismo modo, de ser aprobada su propuesta, el Gobierno de Puerto Rico perdería su facultad de administrar su presupuesto, lo que recaería entonces en las manos de una junta de control Fiscal agravando aún más la situación colonial en la que vivimos.
Por otro lado, el congresista republicano Sean Duffy presentó una medida que esencialmente proporciona a Puerto Rico la misma capacidad de reestructurar la deuda que tienen los estados, mientras que establece un consejo de estabilidad financiera temporal para ayudar a la isla en el manejo de sus finanzas. Según su propuesta, el Gobierno de Puerto Rico podría optar por no utilizar la facultad para reestructurar, en cuyo caso no se establecería el consejo. Sin embargo, si Puerto Rico opta por utilizar la facultad para reestructurar, el consejo entraría en vigor durante un periodo de tiempo. La determinación final recaería en manos de los puertorriqueños.
Evidentemente, el reclamo de Pierluisi para que el Congreso atienda la crisis en Puerto Rico ha tenido resonancia y, aunque las medidas que hoy se discuten no son necesariamente las ideales, o las que necesitamos desde un punto de vista práctico que tome en consideración la importancia de la democracia son definitivamente un paso de avance en el sentido que se ve la voluntad del Congreso de atender el asunto.
A fin de cuentas, las acciones del Congreso demuestran una vez más que la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico tiene que cambiar. Como pueblo no deberíamos tener que rebajarnos más a mendigar migajas ante el Congreso. Por eso la importancia de que el asunto sea resuelto lo antes posible, permitiéndoles a los puertorriqueños disfrutar la igualdad plena que solo garantiza la estadidad.
