Dan hasta el viernes para desalojar terrenos de playa en Carolina
Tras alzar su voz de alerta ante la posibilidad de que se destruyan cinco cuerdas de playa pública en Carolina y luego de conocerse la decisión del Tribunal de…
Tras alzar su voz de alerta ante la posibilidad de que se destruyan cinco cuerdas de playa pública en Carolina y luego de conocerse la decisión del Tribunal de Carolina ante una demanda entre el municipio y la compañía CH Properties, la coalición Playas Pal’ Pueblo denunció los planes del municipio de vender el último pedazo de playa pública sin edificación alguna, en el litoral costero de la zona.
Los integrantes de la coalición responsabilizan al municipio directamente de atentar contra la propiedad pública y el derecho de acceso al mar.
A raíz de la publicación de la noticia, funcionarios del municipio, entre ellos el propio alcalde José Carlos Aponte Dalmau, han alegado no estar involucrados y han añadido que el municipio no intervendrá en el asunto.
Por su parte, la coalición entiende que estas expresiones “son un intento del alcalde de lavarse las manos valiéndose de mentiras y engaños. Pues la pasada semana el Tribunal le otorgó al municipio un período de cinco días para efectuar un desalojo de los manifestantes, quienes llevan 10 años protegiendo el espacio”.
El pasado 2 de diciembre el juez Wilfredo Maldonado, emitió una orden que dicta que el Municipio de Carolina tiene hasta este viernes para desalojar a los ocupantes del terreno cercano al balneario y pasarlo a la empresa subsidiaria de la entidad que administra el Hotel Marriott.
El grupo se reafirma en su postura en defensa del predio y alegan que no permitirán de ninguna forma que se destruya el bosque, producto de los esfuerzos del grupo por reforestar el área e “intentar mitigar el daño que la constructora del Courtyard Marriott causó en 2005”.
Como parte de los esfuerzos por detener el desastre ambiental que se avecina, se está impulsando la Resolución 1313 del Senado, que busca abrir una investigación sobre el contrato irregular que pretende otorgarle las cinco cuerdas de terreno público a la compañía privada del empresario Eduardo “Tati” Ferrer.
Adicional a este esfuerzo se emplaza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Junta de Planificación, a la Oficina de Gerencia de Permisos y todas las agencias correspondientes, “para que tomen las medidas pertinentes al momento de conceder permisos”.
A su vez se ha iniciado una campaña de boicot al Marriott por las redes sociales, en busca de atraer la atención sobre el conflicto, pues se entiende que la franquicia en Isla Verde violenta las políticas ambientales de la cadena hotelera.
Según el grupo, tanto el municipio de Carolina, como su alcalde y la empresa CH Properties, junto con el hotel Courtyard Marriott, “serán responsables de cualquier incidente que se pudiese suscitar de realizarse un desalojo forzoso”.
La coalición Playas Pal’ Pueblo, junto a diversas organizaciones de la isla, hizo por último un llamado a recordar “que nos encontramos en época navideña, en la cual se fomenta la unión y la paz. Le pedimos al municipio que reconsidere su postura, cancele el contrato y garantice la protección de la playa del pueblo”.
