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title: "Columna de Armando Valdés: Inexcusable"
description: "El tema que analizarían esta semana los representantes de tres sectores ideológicos sería el clawback, pero ante los arrestos federales hubo un cambio de último minuto que no todos alcanzaron a reseñar. Nuestras excusas."
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section: "Noticias"
author: "Armando Valdés @armandovaldes"
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published: "2015-12-04T03:00:00.000Z"
updated: "2022-02-19T00:37:32.258Z"
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Columna de Armando Valdés: Inexcusable

_El tema que analizarían esta semana los representantes de tres sectores ideológicos sería el clawback, pero ante los arrestos federales hubo un cambio de último minuto que no todos alcanzaron a reseñar. Nuestras excusas._

Por Armando Valdés @armandovaldes · Noticias · 2015-12-04T03:00:00.000Z

Hace un tiempo publiqué una versión de esta columna como secuela de la vista del Comité de Finanzas del Senado federal. Esta semana, otro comité, esta vez el De lo Jurídico, evaluó la situación de Puerto Rico en medio del anuncio del BGF sobre el clawback. Lamentablemente, surgieron las mismas excusas para la inacción de un gobierno que es tan responsable como el nuestro por la crisis que enfrenta el país. ¿O es que fuimos nosotros los que eliminamos las disposiciones de la sección 936, hundiéndonos así en la recesión, y los que nos prohibimos el acceso al Código de Quiebras, cerrándonos el paso a una salida a la presente encrucijada?

Dijeron los augustos líderes republicanos que no contaban con todos los datos para actuar. Son esta y otras que excusas baratas considerando que el reclamo principal de Puerto Rico es que se nos dé acceso al capítulo 9, acceso que tienen todos los estados y que no tenemos nosotros por una inexcusable e inexplicable decisión del Congreso en 1984.

A Detroit no se le pidió ni un ápice de datos económicos para concederle el derecho a radicar quiebra; ese derecho ya lo tenían. En cambio, a Puerto Rico no se le reconoce la autoridad para legislar nuestra propia ley de quiebras —para darle orden al proceso de reestructuración de deudas— ni tampoco se nos provee de acceso a la ley federal. Inexcusablemente, abandonados en un limbo del cual no podemos salir solos, resulta insultante que un grupúsculo de senadores norteamericanos pretendan entonces responsabilizarnos a nosotros por lo que un juez del apelativo federal reconoció fue una decisión errada y sin base racional del propio Congreso al que ellos pertenecen.

Igual de inexcusable es que los medios de este país se arrodillen ante la lógica circular y viciosa de estos señores y hagan eco de sus palabras. ¿Por qué no cuestionarnos la repentina preocupación de tres comités senatoriales distintos por la economía de nuestro país? ¿No será que los fondos buitres, que quieren que se les pague hasta el último centavo —sin importar las consecuencias para nuestra economía— han intervenido para provocar su interés?

Inexcusable también es la desidia de la administración Obama y del Partido Demócrata. Recordemos, por un momento, el informe del Grupo de Trabajo de Casa Blanca de marzo de 2011. Prometía ayuda para la creación de empleos, la extensión a Puerto Rico del crédito por dependientes menores de edad, la limpieza de Vieques, la ampliación del uso de energía renovable y hasta la paridad en Medicaid. Más allá de que ninguna de esas promesas se ha materializado, el plan de trabajo que delineó el Departamento del Tesoro, con un análisis más sosegado y a largo plazo se ha revelado como un mero wish list que requiere acción de parte de un Congreso dominado por el partido contrario al del Ejecutivo federal. Sin embargo, la acción que la senadora Warren le reclamó al propio Tesoro ha estado ausente.
 E igual de inexcusable es la excusa histórica del legislador estadounidense para justificar su inacción ante el debate sobre el estatus político de Puerto Rico: que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo.

La realidad es que todos los sectores aquí estamos de acuerdo en que el pueblo debe ostentar mayores poderes sobre su destino —sea mediante el desarrollo pleno del ELA, la anexión, la independencia o la libre asociación—. Pero el Congreso ha rehusado su deber de decirnos con claridad qué están dispuestos a negociar con nosotros. Y así han mantenido viva, inexcusablemente, esa quimera estadista que ciega a gran parte de nuestro población y que impide que nos pongamos de acuerdo sobre lo posible, para encarar juntos, y con nuestros propios esfuerzos, el futuro.

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