Revelan esquemas de fraude por corrupción gubernamental

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó en la mañana de hoy al empresario y recaudador de fondos de campaña del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez, en medio de un operativo que incluyó otras diez órdenes de detención.

El esquema de fraude de Hernández Pérez le habría reportado más de dos millones de dólares.

De acuerdo con la fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Pérez, el 2 de diciembre un gran jurado emitió 25 cargos por contra los implicados por una conspiraron que comenzó a finales de 2012 para obtener contratos y beneficios en varias agencias del gobierno.

Según Rodríguez Vélez, esas agencias eran “controladas” por Hernández Pérez, quien creó corporaciones sin peritaje ni experiencia para dar servicios requeridos por contratos en agencias e, incluso, tenían que subcontratar.

Además, puso a personas de su confianza en distintas agencias, para luego obtener contratos de miles de dólares, gracias a influencias y pagos indebidos en regalos que incluían objetos de valor, cenas costosas y boletos a conciertos.

“Estamos aquí para destapar la corrupción pública y el amiguismo político, las negociaciones debajo de la mesa, tras bastidores y cuartos oscuros, que resultan en la contratación de quien esta mejor conectado”, afirmó la fiscal federal.

Los detenidos están acusados de soborno, fraude (con programas federales y electrónico), corrupción y lavado dinero, por lo que arriesgan más de 20 años.

Entre los arrestados destacan Sally López Martínez, exadministradora de la Administradora de Desarrollo Laboral (ADL), y el administrador de la Cámara, Xavier González Calderón.

También figuran  Sonia Barreto,  Glenn Rivera Pizarro (ayudante operacional de la Cámara),  Víctor Rafael Burgos (exempleado del mismo cuerpo legislativo y actualmente en Familia), Ivonne Falcón (exvicepresidenta de la AAA), su hermana Marieli Falcón, Javier Muñiz y Carlos Luna.

Para el jefe del FBI en la Isla, Carlos Cases, indicó que la operación “Botín de guerra” tenía como principal objetivo a Hernández Pérez, “íntimo amigo del gobernador (Alejandro García Padilla) y del presidente de la Cámara (Jaime Perelló Borrás), ya que era “el punto central y de contacto para el acceso al gobernador y conseguir puestos en el gobierno”.

“Exhorto al gobernador a que lea el pliego acusatorio, es una acusación seria, contra parásitos y garrapatas políticas… Puerto Rico se está desangrado y en cuidados intensivos”, opinó y además tomó una frase del mismo mandatario: “La verdad es la verdad y la verdad es invencible, gobernador”.

Además, acusó que debido a la investigación se han recibido “amenazas veladas y presiones externas, pero no nos vamos a amilanar y vamos a seguir investigando. Eso no me quita el sueño ni a mi ni a mi equipo de trabajo”.

De acuerdo con Rodríguez Vélez, el recaudador del PPD, a quien se le confiscó su mansión de cuatro millones de dólares, “usó sus conexiones para que se usaran personas de su confianza en cargos claves”.

Las personas enviaban sus currículos a Hernández López, quien a su vez los mandaba a personas dentro del gobierno para que se colocaran a estas personas en posiciones de poder dentro de distintas agencias.

“Hernández López no solo solicitaba nombramientos, sino que también despidos. Así se confirma en correos electrónicos, sobre puestos de confianza en la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), en la que incluía una lista de empleados”, contó.

Sobre el esquema de corrupción, señaló que “mientras el proceso de nombramientos (en el gobierno) seguía, crearon corporaciones para hacer negocios con el gobierno entrante. Planificaron con cuáles agencias hacer negocios: la AAA, ADL, la Cámara, ASG, Salud, Cossec, DCR, Parques Nacionales, ASES, entre otras”.

La fiscal federal declaró que Hernández Pérez, quien incluso por su cercanía con el gobernador llegó a ocupar la suite privada del mandatario en el Coliseo de Puerto Rico para un cumpleaños, mantenía un récord electrónico de los regalos que daba a los funcionarios a quienes había colocado en distintas agencias.

Asimismo, en la ADL tenía contratos con empresas que había creado y con la que obtuvo distintos contratos, uno de ellos para ferias de empleo que fue enmendado varias veces y que subió de 300 mil a casi un millón de dólares.

Mientras, con la Cámara, y a través de González Calderón, obtuvo un contrato para el servicio telefónico, pero inicialmente fue rechazado, por lo que tuvo que bajar el valor a casi 150 mil dólares.

No obstante, fue enmendado en 37 mil dólares y se le dio otro contrato por casi cien mil dólares, “para dar servicio a los teléfonos tan deficiente, que se contrató a otra compañía”, manifestó Rodríguez Vélez.

Con Sonia Barreto Colón, directora de compras de la AAA, e Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la AAA, el procedimiento era el mismo: enviaban el currículo a Hernández Pérez, este lograba que la persona obtuviera el puesto y luego les mandaba regalos que desembocaban en contratos para sus empresas.

Sobre el caso Osvaldo Carlo, el abogado de Hernández Pérez, aseguró que de acuerdo con su cliente no ha hecho nada ilegal en la solicitud de donativos y en la realización de gestiones para la contratación de personal en la administración pública.

“Él siempre ha mantenido que no ha hecho nada malo. Siempre ha sostenido que nunca le pagó a ningún oficial, que no hizo nada ilegal”, sostuvo Carlo.

Carlo indicó que su cliente hará una alegación de no culpabilidad de los cargos que se le acusen y no está dispuesto a negociar con los federales. 

El abogado manifestó que Hernández no tiene información que pueda comprometer a otras figuras de la administración del gobernador Alejandro García Padilla.

Carlo se mostró sereno al admitir que esperaba los arrestos, ya que ha durado un año la investigación del FBI y el gran jurado federal.

El abogado indicó que por lo que aparenta los arrestos están vinculados con gestiones realizadas para contratos en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.

Carlo, quien tiene experiencia como fiscal, precisó que hace más de un año que el FBI no entrevista a su cliente.