No es nuevo el control para Puerto Rico
Intentos. Hace 72 años la imposición de una junta fiscalizadora para la isla era un tema que se debatía en el Congreso
La posible conformación de una Junta de Control Fiscal a nivel federal no es un tema nuevo en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Además, la discusión del asunto también aviva el debate por el grado de coloniaje entre ambas naciones.
Metro consultó un documento de los archivos en el Congreso y pudo constatar que en una audiencia senatorial en 1943 uno de los temas de discusión fue la pertinencia de una junta fiscal federal o su similar para atender los asuntos económicos de la isla.
No obstante, en pleno 2015 el tema resurge, cuando en estos momentos en Washington se cabildea y se comienza a escuchar con más fuerza la posibilidad de la creación de una junta de control federal. La consideración de esta junta cobra mayor resonancia cuando hay evidencia de que el presidente del Comité de lo Jurídico en el Senado federal, Charles Grassley, apoya la creación de la mencionada junta.
Para este y otros fines es que dicho comité convocó una audiencia pública para mañana, que tendrá como deponentes al presidente del Banco Popular de Puerto Rico, Richard Carrión, al economista Carlos Colón de Armas, el asesor en reestructuración de Houlihan Lokey, Stephen Spencer, el miembro del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI), Alex Pollock, y el economista en jefe de Moody’s Corporation, Mark Zandi. Se espera que el gobernador García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi también acudan a la vista.
Entre tanto, las discusiones transcritas en las 605 páginas del documento de la década de 1940 se enmarcan en un momento posterior a la Gran Depresión del 30 y previo a la conformación de lo que hoy conocemos como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), fundado en 1952. También estos diálogos, que duraron seis días, surgieron mientras las tendencias a nivel global, incluyendo a la isla, eran las movidas en pro de la independencia.
Aunque el contexto y la relación entre Puerto Rico y EE. UU. de entonces no es el mismo que el actual, sí se relaciona la premisa base: el cuestionamiento a la capacidad de autogobernanza de la isla.
“Eso fue un fantasma que estuvo rondando por ahí toda la década del 40 hasta los 50”, precisó el historiador y analista político Néstor Duprey al reconocer que desde esas décadas hasta el presente no se había vuelto a hablar de la idea de una fiscalización fiscal federal. “Detrás de los deponentes de aquella época y en esta, está el mismo principio: una gran desconfianza en el pueblo de Puerto Rico a gobernarse a sí mismo”, indicó.
Uno de los deponentes en la sesión del 43 era el secretario del Interior, Abe Fortas. En una instancia Fortas dijo que “el Gobierno federal tiene real interés en la solvencia de Puerto Rico, porque la insolvencia conduce a disturbios, problemas económicos y sociales”. No obstante, las expresiones de Fortas no necesariamente se pueden adjudicar al pensamiento del presidente en aquel momento, Franklin Delano Roosevelt.
Sin embargo, el entonces senador Luis Muñoz Marín mostró estar de acuerdo con tales intervenciones, aunque Muñoz Marín insistía en que se tuvieran ciertas consideraciones con las facultades de los líderes locales y sus intereses.
Según una fuente dijo a Metro, al no prosperar la junta del 43, persiste el cuestionamiento
de su viabilidad.
No obstante, Duprey enfatizó que “sí hubo en el Congreso varios intentos de aprobar algún tipo de supervisión al Gobierno de Puerto Rico, pero siempre fueron derrotados y siempre fueron como contrapunto a los intentos de ampliar el marco de gobierno propio de Puerto Rico”.
De otro lado, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico José Rivera planteó que quizás la junta del 43 no prosperó porque “ya se estaba pensando en la posibilidad de trabajar o de crear un proyecto político para Puerto Rico, y, probablemente, por eso no se implementó. Claro, y la cuestión del manejo de las finanzas por parte de un futuro gobierno autónomo de Puerto Rico, pues era el sostén sobre el cual se montaría todo ese nuevo proyecto político que luego conoceríamos como el ELA”.
Pero el debate en 2015 adquiere otros matices. “Plantear que ese control se le debe arrebatar al pueblo de Puerto Rico y ponerlo en manos de burócratas federales es un acto de colonialismo, es ir más allá de la Constitución. Es devolvernos a la época en que Puerto Rico no podía tan siquiera elegir a su gobernador”, insistió Duprey.
Por otra parte, queda en veremos el alcance y los poderes que pueda tener, en caso de que se materialice, la junta de supervisión o fiscalización federal en la isla.
A juicio del licenciado y analista político Ferdinand Mercado es incierto lo que pueda proponerse de la junta en el Congreso porque “nadie sabe realmente cuánto poder va a ejercer el Congreso al diseñar y aprobar el instrumento”. Mercado agregó que se tendrá que evaluar “la efectividad real que va a tener esa junta de control fiscal, qué poderes va a tener, porque en otras posiciones no tenemos ningún problema mientras sea una monitoría. Pero eso no es lo que se ha indicado que podría ser la junta de control fiscal, sino un ente decisional, un ente con poder y un ente que puede limitar totalmente la autoridad local de los funcionarios para el uso de los dineros públicos”. Entre tanto, el profesor Rivera sostuvo que volver a las discusiones del 43, por ejemplo, es una respuesta a “que hemos sido mal gobernados, que las finanzas públicas se han manejado mal y que nosotros, el electorado, lo hemos permitido”.
Congreso mira garantías El presidente del Comité de los Jurídico en el Senado federal, Charles Grassley, consideró que el Congreso no puede contribuir con los asuntos fiscales sin que se tengan ciertas garantías para la creación y aplicación de las reformas para Puerto Rico. Grassley, en una audiencia pública del Comité de Finanzas celebrada el pasado 29 de septiembre, favoreció la creación de una junta de control fiscal como herramienta para atender la crisis fiscal. “Históricamente, estas juntas de supervisión y de control creados por los niveles más altos del gobierno, por ejemplo, en la Ciudad de Nueva York y el Distrito de Columbia, han demostrado éxito”, añadió el senador en un reportaje del rotativo Caribbean Business. Sin embargo, el miembro de Oldaker Law Group en Washington D. C., Javier Llano, destacó que cualquier “ayuda” que se genera desde el alto foro, incluyendo la consideración de extender el capítulo 9 de la Ley de Quiebra, será a partir de la presentación de los estados financieros auditados del Gobierno de Puerto Rico.
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