Aumentan los delitos en UPR de Río Piedras

El asunto plantea serias dudas sobre la capacidad que tiene la primera y más grande casa de estudios del país, como la definió una vez Jaime Benítez, su rector más emblemático, para proteger a sus estudiantes y empleados, así como la propiedad pública y la privada.

Entre los delitos de mayor incidencia a lo largo del año destacan la apropiación ilegal (51), muchos de ellos en los estacionamientos estudiantiles, en los que vandalizan los autos para robar el equipo y el hurto de las bicicletas de los estudiantes; equipo electrónico, como las computadoras portátiles.

También ocurren en la UPR de Río Piedras escalamientos, agresión, acoso y amenaza sexual, agresiones físicas y amenazas.

En los escalamientos se han llevado desde las cuatro gomas y aros de vehículos oficiales hasta equipo médico y electrónico de la Universidad.

Los delincuentes también se han robado 14 vehículos de motor, la mayor parte de ellos perteneciente a los estudiantes.

En septiembre del año pasado, varios estudiantes se quejaron ante la prensa por “la falta de seguridad” en el recinto. El rector Carlos Severino anunció entonces medidas para reforzar el organismo interno de seguridad.

Tomado por mes, para el 20 de noviembre, la UPR-RP reportó en su registro diario cuatro incidentes delictivos a esa fecha: dos apropiaciones ilegales, una de ellas en la residencia estudiantil, el robo de un vehículo y una agresión.

Otros meses, sin embargo, han debido darle un verdadero dolor de cabeza a las autoridades del orden del recinto, como en febrero, cuando ocurrieron 21 incidentes de distinta categoría criminal. Esto es un promedio de poco más de cinco incidentes por semana.

Hay municipios, como Hormigueros y Maricao, que reportaron en ese mismo mes 10 incidentes fuera de ley, cada uno, según el reporte de incidentes delictivos de la Policía.

La guardia universitaria no porta armas y la política pública de la institución es no permitir la entrada de la policía estatal o municipal.

Al 20 de noviembre han ocurrido, en total, unos 125 incidentes delictivos en la UPR-RP. No todos reciben una querella policial.

El desglose por mes es el siguiente: ocho incidentes en enero; 21 en febrero; 18 en marzo; 12 en abril; 14 en mayo.

En junio se reportaron 10 incidentes; ocho en julio; 13 en agosto; ocho en septiembre; nueve en octubre y en este mes van cuatro, aunque falta el reporte de los incidentes entre el 21 y el final de mes.

Además, a veces las víctimas no reportan los incidentes sino hasta un mes o dos después de sucedidos, así que se puede deducir que otros delitos cometidos en estos meses recientes pudieran ser reportados eventualmente en el futuro, incrementando las estadísticas.

La ley federal de seguridad en el campus (Jeanne Clery Act 1990) obliga a todas las universidades y colegios a reportar y hacer accesible a la comunidad universitaria y al Departamento de Educación federal toda la información sobre incidentes criminales en sus campus.

Las universidades y colegios deben emitir un registro diario de incidencias delictivas y emitir boletines de alerta a la comunidad universitaria; así como reportar anualmente esas estadísticas y publicar un informe anual de seguridad.

La agencia de noticias INS intentó acceder a algunos de esos informes anuales, incluso para el sistema de la UPR, pero, en lo que parece un patrón, no fue posible porque el motor de búsqueda “no encuentra el servidor”.

Eso no permitió comparar las estadísticas de incidencia criminal del año natural 2015 con las anteriores.

No cumplir con los requerimientos de la ley puede resultar en multas de 35 mil dólares por cada infracción y hasta la suspensión de los fondos que otorga el gobierno federal, entre ellos la asistencia económica a los estudiantes.

El Clery Act también requiere de las autoridades universitarias que informen a los estudiantes el estado de situación delictivo cercano a sus campus. San Juan es, históricamente, el municipio con mayor incidencia criminal. El sector de Río Piedras es uno de sus sectores más pauperizados y de alta comisión de delitos.

Jeanne Clery fue una estudiante violada y asesinada en el dormitorio de la residencia de la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, en 1986. La resonancia del delito motivó la ley que lleva su nombre.