Congreso muestra preocupación por costo del plan del Tesoro federal

Y es que la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos citó un análisis de American Community Survey para el 2014 que indica que costaría alrededor de $850 millones por año. Se añadirían $2.8 mil millones en costos anuales de Medicaid, y no está claro lo que aún más podría incurrir en la expansión de Medicaid.

Además, esta cifra es estrictamente comparable únicamente con fondos de Medicaid existentes y no tiene en cuenta el costo del agotamiento de la subvención global de Medicaid en 2017. Teniendo en cuenta esto, el costo del plan del Tesoro es probable que sea de $5.1 mil millones por año o $51 millones de dólares en diez años. Para el contexto, esta cifra es superior a los $40 mil millones que actualmente soporta un parche para el fondo fiduciario de la autopista en el Congreso.

Dato que el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, refutó diciendo que las cifras de su oficina son ínfimas a estas. Este precisó que, según sus  estimados, el crédito tributario por hijos costaría alrededor de $150 millones, mientras que el crédito por trabajo costaría solo $500 millones.

El comisionado, quien detalló no está de acuerdo con una Junta de Control Fiscal en la isla,  expresó su apoyo a la medida del Tesoro federal. “Aunque rechazo cualquier disposición que le quite la autoridad para decisiones de gastos y de imponer contribuciones estatales a los líderes electos de Puerto Rico y se la dé a personas que no les responden a los votantes en la isla, algún tipo de fiscalización puede ser aceptable. Una cosa es fiscalización federal, que puedo considerar apropiado, y otra cosa es control federal, que considero totalmente inapropiado”, dijo Pierluisi.

Por su parte, el consejero del secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Antonio Weiss, apuntó que hay medidas que no tendrían ningún impacto monetario en las arcas del Gobierno federal, como lo es la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9 de la Quiebra federal. “La bancarrota no involucra fondos. No le cuesta nada al Gobierno federal. Esto ayudaría a sentar a las partes en la mesa a negociar y reestructurar su deuda”, enfatizó.

Durante su testimonio, Weiss subrayó que “el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está en medio de una crisis fiscal y sin la acción del Gobierno federal la situación se podría tornar en una crisis humanitaria. Al Gobierno de Puerto Rico se le está acabando el efectivo y se le cierran las opciones”, dijo en turno para deponer.

Asimismo, el gobernador Alejandro García Padilla dejó claro que están en un carrera contra el reloj, pues el aparato gubernamental se podría quedar sin dinero en noviembre. El primer mandatario advirtió que cumplir con el pago de $355 millones del servicio de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que vence  el 1.o de diciembre de 2015, solo agravaría la falta de liquidez del Gobierno local. Los bonos del BGF están garantizados por el Estado Libre Asociado y por la institución, que enfrenta su propia crisis de liquidez, por lo que García Padilla adelantó que el BGF no podría cumplir con el pago según los estados financieros. De ser así, esta sería la segunda vez que Puerto Rico incumple con sus deudas. La primera fue el impago de $59 millones de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).

Al mismo tiempo, el gobernador repasó todas las medidas de austeridad que ha tomado su administración para tratar de palear la crisis financiera.
Todos los deponentes, menos Steven M. Fetter de UnFettered, coinciden en que Puerto Rico debe ser incluido en el capítulo 9 de la Quiebra federal.

En la vista también se habló de la urgencia de actualizar los datos financieros del Gobierno de Puerto Rico y la emigración de puertorriqueños.