Acusan a Melba Acosta de repartir "dinero a los suyos"
La representante Lourdes Ramos, del Partido Nuevo Progresista (PNP), denunció hoy que “mientras se cuaja una Junta de Ajuste Fiscal que atentará contra la…
La representante Lourdes Ramos, del Partido Nuevo Progresista (PNP), denunció hoy que “mientras se cuaja una Junta de Ajuste Fiscal que atentará contra la familia y trabajadores, así como injusticia salarial y mayores cargas tributarias al pueblo, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ha aumentado los salarios de sus máximos funcionarios”.
Ramos dijo que a pesar de que el referido Plan de Ajuste Fiscal supuestamente estaría listo el pasado 30 de agosto, “al día de hoy se desconocen los detalles del mismo y tan sólo ha servido para que un pseudo comité que engrane las finanzas públicas pula una serie de medidas punitivas, retrógradas y de eliminación de derechos y beneficios económicos conquistados por luchas sindicales por más de medio siglo”.
Para la legisladora, “lo más irracional y bochornoso del proceso es que los mismos funcionarios que han configurado el equipo económico de la presente administración y cuyas recomendaciones han hundido a la isla en la miseria, son los mismos que han sido premiados con jugosos aumentos salariales por producir un documento digno de un gobierno dictatorial, represivo y sin mandato democrático”.
Ramos presentó documentos internos del BGF -entre los que se destacan un memo de su presidenta Melba Acosta-, donde se asignan nuevas funciones a una decena de funcionarios que recibieron un impacto salarial positivo que suma en total un millón 319,135 dólares por año.
El desglose hace referencia a 180 mil dólares para Melba Acosta Febo, a quien también se le compró una nueva guagua. A José R. Coleman-Davis Tió, exasesor legal general y ahora asesor del presidente senior, 150 mil dólares; para Alejandro Febres Jorge, exasesor legal y ahora asesor legal general, 120 mil dólares ; a Gerard Gil Olazábal, asesor del presidente, 125,004 dólares.
Para Fernando L. Lugo Camacho, gerente de análisis económico, 112,619 dólares; a José V. Pagán Beauchamp, expresidente interino y ahora asesor del presidente senior, 145,008 dólares. A Guillermo A. Lavergne López, asesor del presidente senior, 90 mil dólares; Jorge A. Civillés Díaz, exagente fiscal general y ahora director de administración, operaciones y contraloría, 150 mil dólares.
A Fernando M. Padilla Padilla, asesor del presidente, 80,004 dólares; a Luis Jerónimo López Valdés, 84 mil dólares; y Ricardo Fishman Koffman, 82,500 dólares.
Y en el caso de Richard Barrios Cardona, extesorero, exempleado de confianza, su salario anual era de 150 mil dólares. Ahora está como Consultor en el Área de Inversiones y Tesorería a partir del 17 de agosto de 2015.
“Como si fuera poco, a principios de octubre se han concedido casi 160 mil dólares adicionales en contrataciones basadas en ‘consultoría administrativa’. Uno de los contratos, número 2016-BGF-084 que beneficia a la corporación Infante LLC, fue otorgado el 2 de octubre de 2015”, agrega Ramos.
Y abunda: “Lo curioso y reprochable del caso es que esta corporación apenas había sido inscrita menos de dos semanas antes, el 21 de septiembre. Esta corporación pertenece a Carlos Infante, quien ganará 97,875 dólares por proveer ‘consultoría administrativa’ por espacio de tan sólo ocho meses”.
El segundo contrato, número 2016-BGF-083, a favor de RALI Consulting Group, es también por ocho meses y su beneficiada es Lizza Colón Robles. Según ha trascendido, actualmente están construyendo tres oficinas en el cuarto piso de las instalaciones del BGF, en aras de poder acomodar a los nuevos consultores y a otros que se espera contraten próximamente.
Por otro lado, dice Ramos, “en una evidente contradicción entre la palabra y la acción y en violación a la misma Ley 66 de 2014, la nómina de los empleados de confianza del BGF aumentó un ocho por ciento, de dos millones 439,394 dólares en el año fiscal 2014 a dos millones 632,402 dólares en el año fiscal 2015”.
Recordó la política que “mientras estos funcionarios y otros en el andamiaje de diferentes agencias han recibido ascensos y aumentos, el plan ideado por ellos busca eliminar en Puerto Rico la aplicación de incrementos en el salario mínimo federal, la eliminación del Bono de Navidad, la extensión del período probatorio a un año, la reducción de los días de vacaciones, la flexibilización de los procesos para despido y eliminar el pago por tiempo extra trabajado, y una nueva retasación de la propiedad”.
“De cuándo acá un Plan de Ajuste fiscal se basa en robarle al trabajador lo que ha conquistado con tanto sudor y esfuerzo? ¿Es que pretende el Partido Popular Democrático regresar a los tiempos de los colonos, jornaleros, agregados y al andamiaje patronal contra el que luchó Luis Muñoz Marín y Santiago Iglesias Pantín? ¿Es que le falta vergüenza mientras les sobra el dinero?”, cuestionó Ramos.
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