Denuncian mal uso de fondos federales en DJ
Una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia federal (USDOJ, en inglés) advirtió sobre el mal manejo de fondos federales en…
Por Sarah Vázquez @SarahFVazquez
Una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia federal (USDOJ, en inglés) advirtió sobre el mal manejo de fondos federales en el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ).
Según el informe, que comprende los años del 2008 al 2013, el Departamento de Justicia de Puerto Rico desembolsó $2.6 millones en fondos excedentes que no regresó a la Oficina de los Programas de Justicia (OJP, por sus siglas en ingles). Además, no utilizó unos $3.6 millones en fondos federales adicionales que estaban disponibles; dando como resultado un total de $ 6.2 millones en la pérdida de oportunidades de financiación de la justicia penal.
Por otra parte, no asignó fondos a los sub-beneficiarios en virtud de un plan estratégico para reducir la delincuencia; y no implementó plenamente aquellos programas federales diseñados para evitar la compra ilegal de armas de fuego. Asimismo, detallaron que el Registro y Notificación de Ley de Delincuentes Sexuales (SORNA) no se había aplicado en su totalidad y que las enmiendas para mejorar el sistema de antecedentes penales no estaban actualizadas.
El inspector general concluyó que la causa principal de estas deficiencias se debe a que el personal del Departamento de Justicia de Puerto Rico ha sido entrenado inadecuadamente y a la falta de controles, políticas y procedimientos adecuados para administrar los fondos federales.
“Encontramos que el Departamento de Justicia de Puerto Rico carece del personal y el adiestramiento necesario para manejar los fondos federales. Como parte de las medidas para achicar el gobierno, el Departamento de Justicia eliminó plazas en programas sufragados con fondos federales, que incluyen $21.9 millones del Recovery Act Grant. En noviembre de 2009, el Gobierno de Puerto Rico eliminó 13 mil empleos, incluidos doce de los 15 empleados que pertenecían al equipo de trabajo responsable del manejo de los fondos federales. Tras tres meses de eliminar estas plazas, el Departamento de Justicia tuvo que contratar un consultor a un costo de $450 por día para ayudar a administrar los fondos federales y cargaron $22,950 de esos gastos al Recovery Act”, reza el informe de auditoría, que reconoce las dificultades económicas que atraviesa el Gobierno local.
Ante esto, el DJ informó que se habían contratado unos siete empleados para manejar los fondos, pero “carecen de la experiencia necesaria para el manejo de fondos federales”, por lo que ante esto la Oficina del Inspector recomienda otorgar un adiestramiento.
En agosto pasado, el DJ emitió una respuesta a los resultados de la auditoría y presentaron una serie de acciones correctivas que tomarán. Por ejemplo, ya la agencia está coordinando los adiestramientos necesarios con distintas instituciones. “Con esta medida estamos persiguiendo mejorar las destrezas de nuestro personal en el manejo de fondos federales. De hecho en junio de 2015, ocho empleados participaron en conferencias relacionadas con temas de administración”, detalla la carta enviada a la Oficina del Inspector.
De conformidad con la auditoría, el Inspector General revisó 29 subvenciones concedidas por el Departamento de Justicia federal y administradas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, para un total de $ 77.5 millones.
Algunos de estos fondos fueron otorgados durante el gobierno de Alejandro García Padilla y otros fueron asignados a la administración de Luis Fortuño.
Estos fondos están destinados, principalmente, a ayudar a Puerto Rico a prevenir y responder al crimen, proporcionar servicios de apoyo a las víctimas de delitos, proteger al público de delincuentes sexuales que han sido convictos y facilitar a los defensores públicos y fiscales el pago de sus préstamos estudiantiles de la Escuela de Leyes.
Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, expresó que es “el primero en reconocer que los problemas en el Departamento de Justicia de Puerto Rico identificados por el inspector general no surgieron de la noche a la mañana […]. Estoy particularmente preocupado por los hallazgos del inspector general de que el Departamento de Justicia de Puerto Rico perdió la oportunidad de utilizar más de $6.2 millones en fondos federales porque estos no fueron utilizados antes de
que expiraran”.


