Hora cero para el plan fiscal del Gobierno

Con una semana de retraso a causa del “paso de la tormenta Erika”, el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico presentará hoy al Ejecutivo el Plan de Ajuste Fiscal a cinco años y el proyecto de ley para crear la junta de control fiscal que velará por su cumplimiento, asuntos esperados por los mercados internacionales desde que el gobernador Alejandro García Padilla manifestó en junio que la deuda pública de $72,000 millones es “impagable” bajo los términos actuales. Así lo confirmaron a Metro Ángel Raúl Matos, oficial de prensa del secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, y portavoces de prensa de La Fortaleza. Matos indicó que “se va a cumplir” con la fecha provista por el gobernador para recibir el documento que sentará las bases para la renegociación de la deuda. Sin embargo, ninguno de los oficiales de prensa consultados pudo decir cuándo se difundirá públicamente el plan fiscal, que se espera contenga cambios significativos en la administración gubernamental. Sobre el plan, Suárez indicó hace un mes que se centrará en tres áreas: (1) crecimiento económico y reformas estructurales, (2) estabilidad financiera y (3) reformas institucionales. Entre las medidas que se contemplan adelantó cambios para “mejorar la facilidad de hacer negocios”, una transformación de Hacienda y el “régimen contributivo a corporaciones”, mejoras a la eficiencia en Educación y “reformas laborales en el sector privado para incentivar la creación de empleos”. Algunas requerirán aprobación legislativas, pero otras solo serán implementadas desde el Ejecutivo o solicitadas al Gobierno federal. Ha sido esta “reforma laboral” la que más cuestionamientos ha levantado, ya que el Gobierno afirma contar con el aval sindical, pero uniones públicas han manifestado que no son parte de la redacción de las medidas, a pesar de que hayan presentado recomendaciones al respecto. Suárez se ha limitado a decir que ha conversado con representantes legales de sindicatos públicos y privados, quienes prefieren mantenerse en el anonimato. Aunque no ha visto el plan, la senadora independentista María de Lourdes Santiago opinó que “todo el mundo puede anticipar, y más o menos se ha filtrado información, que el informe vendrá con medidas retrógradas que pretenden adjudicar responsabilidad a quien no la tiene: a la gente que trabaja. Se anticipan recortes a servicios fundamentales, pero no se atreven ni de lejos aumentar las contribuciones a quienes más producen”. El Partido Independentista no quiso ser parte de la redacción del plan. Entre estas medidas, contenidas en un documento oficial utilizado en las reuniones del Grupo de Trabajo y al cual Metro tuvo acceso hace un mes, se encuentran reducir a 15 los días de vacaciones pagas en el sector público y privado, aumentar el periodo probatorio a dos años, alterar la forma de pagar horas extras y eliminar los bonos a finales de año. Sobre estas medidas, Suárez destacó que son basadas en el informe Krueger, pero que no necesariamente serán incluidas en el plan final.   “Vamos a evaluar los proyectos (que se presenten ante la Legislatura). Lo primero que tiene que acompañar al plan es la data: los estados financieros auditados de 2013-14 que el Gobierno no ha presentado, el informe Krueger en su totalidad, no su resumen ejecutivo, y cuáles son los servicios que el Gobierno puede dar y los que no”, sentenció, por su parte, la portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Jenniffer González, quien espera una evaluación sosegada de las legislaciones que deriven del plan fiscal. La legisladora exigió que no se continúe gastando “el dinero de la deuda” mientras se implementa el plan fiscal, ya que este podría tener injerencia en el próximo cuatrienio, por lo que también pidió que se discuta “de buena fe” con las minorías parlamentarias para poderle brindar su respaldo.   El PNP se retiró de la redacción del plan fiscal por entender que no se les proveyó información y participación suficiente, algo que el Gobierno niega.   De otra parte, poco se ha dicho de la composición y poderes de la junta de control fiscal, más allá de confirmarse que se realizó una evaluación constitucional para determinar si podía tener autoridad sobre el Ejecutivo y el Legislativo.