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author: "Víktor Rodríguez @viktor_rodz"
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published: "2015-08-31T03:00:00.000Z"
updated: "2022-02-19T11:46:05.416Z"
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Demandan a AGP por IVU a servicios legales

_La abogada practicante Evelyn De Jesús Rodríguez radicó una demanda contra le gobernador, Alejandro García Padilla, y el Gobierno de Puerto Rico por la…_

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz · Noticias · 2015-08-31T03:00:00.000Z

La abogada practicante Evelyn De Jesús Rodríguez radicó una demanda contra le gobernador, Alejandro García Padilla, y el Gobierno de Puerto Rico por la implantación del cobro de 4 % de impuesto  a los servicios legales y que entraría en vigor el próximo 1ro de octubre.

“Yo planteo que llevo muchos casos de derechos civiles como muchos abogados. Al tener jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha dicho que consultas ejerciendo un derecho civil no tienes que cobrar tax”, explicó la abogada, quien radicó el recursos en el Tribunal de San Juan el 12 de junio de 2015.

De Jesús Rodríguez alega, además, que con la implementación de este tributo a los servicios legales el Ejecutivo traspasó sus poderes constitucionales, pues el ejercicio del derecho forma parte de la Rama Judicial.

“Los abogados somos considerados parte de la rama Judicial y no del Ejecutivo. Eso es principio de abogacía en todos Estados Unidos. La Rama Ejecutiva no me puede decir cómo debemos estar operando cuando a nosotros el Tribunal Supremo no nos ha dado instrucción de qué es lo que vamos a hace. Y está la separación de poderes. Los ingenieros, los contables, los reglamenta la Rama Ejecutiva, nosotros no. Nosotros somos reglamentados por los tribunales”, detalló la licenciada.

En la demanda, la suscribiente solicita que “se declare inconstitucional la referida Ley del IVA ya que se invadió la separación de poderes de nuestro sistema gubernamental republicano ya que le compete al Tribunal Supremo de Puerto Rico, o sea, a la Rama Judicial, reglamentar la práctica de abogacía”

Asimismo, el recurso se ampara en que la Ley 72 de 2015, “viola los principios de confidencialidad de la relación abogado y cliente y sin ser exhaustivos, el derecho de los individuos a tener representación legal adecuada”.

Por esta razón, la suscribiente solicitó al Tribunal que declare ha lugar la demanda presentada y que “se emita orden dejando en suspenso la vigencia de la implementación de la Ley del IVA sobre los servicios legales”.

El impuesto de 4 % a los servicios estará vigente hasta abril de 2016, cuando entre en vigor una nueva fase de contribución en la que todos los bienes y servicios pasarían a pagar un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 11.5 %

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