Columna de Hiram Guadalupe: El plan conspirado

La propuesta, según han cacareado los estrategas gubernamentales, procurará inyectar  $1,500 millones en mejoras de capital resultado de la implantación de varias medidas dirigidas a aumentar recortes en los gastos del Gobierno, reestructurar la deuda pública y elevar en $1,000 millones los ingresos del fisco.

En lo concreto, se vislumbra que se proponga la extensión de la política de sostenibilidad fiscal por la próxima década, suspendiendo convenios colectivos de empleados públicos y congelando beneficios laborales.

Asimismo, se anticipa que el Gobierno retome la propuesta para reformar el plan de retiro magisterial, coincidiendo con la discusión del proyecto senatorial que, revestido de un discurso que presume resolver las deficiencias escolares del país, enfoca sus garras en desmembrar el Departamento de Educación mediante la imposición de escuelas charters. Se rumora, además, que se pondrá a correr el plan de consolidación de agencias que quedó en suspenso en la pasada sesión legislativa; se concretarán proyectos para la privatización de la generación y producción de energía; y se presentarán medidas encaminadas a una reforma laboral.

La información, filtrada intencionalmente desde el Gobierno, también incluye la reducción del presupuesto del Departamento de Educación con el cierre de más escuelas, recortes en gastos de salud y una amenaza en la disminución de los fondos de la Universidad de Puerto Rico. La aprobación de un impuesto al valor añadido (IVA) en sustitución al impuesto sobre ventas y uso (IVU), con una tasa mayor a la actual, figura entre la lista de acciones gubernamentales a implantarse. El contenido de ese plan se derivará de las recomendaciones que realizó el trío de exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) contratados por el Gobierno bajo la tutela de la economista Anne Krueger.

Una nota publicada por Metro este fin de semana reveló que la asesoría de Krueger y sus secuaces ya han facturado $12.9 millones al Banco Gubernamental de Fomento a través de la firma neoyorquina Cleary Gottlieb, y se anticipa una extensión de ese contrato hasta el 2016 por $2 millones adicionales.
Previo a ese informe, el Departamento de Hacienda encomendó un estudio fiscal a la firma KPMG que, a un costo de $4.7 millones, propuso medidas para aumentar los recaudos del Gobierno.

En aquella ocasión, no todo lo propuesto por KPMG rebotó en el fracasado Proyecto de la Cámara 2329, que buscaba implantar una reforma fiscal con mayores arbitrios al consumo. Entonces, el equipo fiscal del gobernador seleccionó discrecionalmente algunas recomendaciones de sus expertos asesores, mientras que otras se desecharon. Curiosamente, quedaron excluidas de la propuesta reforma fiscal las observaciones de KPMG que atendían el problema de erosión tributaria que representa para la isla las bajas tasas de impuesto que tienen las empresas extranjeras y cuyas ganancias rondan en los $30,000 millones anuales. Con el informe Krueger parece repetirse la misma conspiración.

Todo apunta a que el Plan de Ajuste Fiscal y de Recuperación Económica no vislumbrará una revisión al modelo de impuestos a las corporaciones, aun cuando Krueger advierte en sus conclusiones que el programa de incentivos tributarios promueve ineficiencia y desigualdad, amén de haber fracasado en atraer inversión económica.

Al igual que KPMG, el documento de Krueger insta al Gobierno a revisar los impuestos que disfrutan las grandes empresas y ajustarlos a tasas más justas, lo que pudiera significar varios miles de millones de ingresos para el país.

No importa quién lo señale ni a qué costo, cualquier propuesta que requiera más aportación de quienes más ganancias generan está descartada, porque en este gobierno pesa más el interés proteccionista al gran capital que el bienestar ciudadano.

Desmembrar el aparato público, desarticular leyes laborales e imponer más arbitrios para empobrecer a profesionales, trabajadores y jubilados es la agenda que nos presentarán en los próximos días.