Puerto Rico ha gastado más de $60 millones en reestructurar su deuda
En los últimos dos años, el Gobierno de Puerto Rico y su Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) han gastado más de $60 millones en consultoría y asesoría legal…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
En los últimos dos años, el Gobierno de Puerto Rico y su Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) han gastado más de $60 millones en consultoría y asesoría legal en firmas como Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Millstein & Co. con el propósito de reestructurar la deuda de $72,000 millones, reveló hoy un análisis de Bloomberg News basado en informes de la Oficina del Contralor.
Solo en la AEE, que mantiene un proceso de renegociación de su deuda de $9,000 millones a través de la oficial de reestructuración, Lisa Donahue, de la firma Alix Partners, se han gastado $35 millones en consultores y firmas legales. De estos, $22 millones han sido para Donahue y Alix Partners, que llegaron a la AEE en septiembre de 2014, un mes después de que la corporación pública extendiera un acuerdo de indulgencia con sus acreedores.
Actualmente, está previsto que la AEE entregue su plan de reestructuración el 1ro de septiembre en consenso con sus acreedores, según manifestó la propia corporación pública en una declaración el 1ro de julio.
De igual forma, se espera que el 30 de agosto el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico entregue al gobernador Alejandro García Padilla un plan fiscal a largo plazo que servirá para iniciar la renegociación de la deuda del país. Este proceso inició el pasado 29 de junio, cuando el gobernador dijo que la deuda pública de Puerto Rico de $72,000 millones es “impagable” bajo los términos actuales.
En el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), los gastos en consultores y asesores legales alcanzan los $26 millones, informó Bloomberg.
La firma neoyorquina Cleary Gottlieb, que asesoró a Argentina y Grecia en la negociación de sus deudas, le ha facturado al BGF $12.9 millones, y se espera que facture otros $2 millones hasta junio de 2016 en su contratos con la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, quien realizó un informe sobre la situación de Puerto Rico con recomendaciones que son utilizadas como base del plan fiscal a largo plazo, y con el exjuez Steven Rhodes, quien llevó la quiebra de Detroit y es asesor actualmente del BGF. Esta misma firma también facturó $10 millones a la AEE.
De otro lado, la firma Millco Advisors LP, afiliada a Millstein, ha otorgado asesoría financiera al Gobierno y la AEE desde febrero de 2014 a un costo de $9.5 millones, según contratos con el BGF. Otros $9 millones se le dieron a la firma por su asesoría a la AEE, contrato que vence en diciembre.
Otros contratos otorgados por el BGF incluyen al Public Financial Management Inc. por $650,000, a SKDKnickbocker por $1.6 millones en asesoría para la campaña mediática de la isla y $900,000 para Sard Verbinnen & Co.
Según el medio estadounidense, la bancarrota de Detroit costó $177.9 millones y duró 17 meses. Su deuda era de $8,000 millones. Mientras que la quiebra de Jefferson County, Alabama, la segunda más grande de Estados Unidos después de la de Detroit, costó $38.3 millones y duró dos años. Su deuda era de $4,200 millones.
Ante esto, el analista financiero Matt Fabian indicó a Bloomberg que el proceso de reestructuración de Puerto Rico no sólo será más costoso, sino más lento, debido a la gran cantidad de acreedores y lo complejo del proceso.
Tras la presentación del plan fiscal el 30 de agosto iniciaría el proceso de renegociación de la deuda con sobre 100 mil acreedores, cifras otorgadas por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia. Al momento no se ha dicho cuál es la deuda que el Gobierno pretende reestructurar, aunque se ha dicho que no se incluiría a la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
La isla no posee protección del capítulo 9 del Código federal de Quiebras, como ocurre con las ciudades de los Estados Unidos. La ley estatal que presentó Puerto Rico para proveer un proceso ordenado para una quiebra, la Ley 71 o ley de quiebra criolla, fue declarada inconstitucional por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston y espera por que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determine si acogerá un certiorari para que se declare constitucionalmente válida.
