Terapistas de Educación Especial demandan al DE
El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, fue demandado hoy por la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia (APPST), que…
El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, fue demandado hoy por la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia (APPST), que prestan servicios a los niños de Educación Especial a través de la Unidad de Remedio Provisional.
En la demanda se consigna que le han ofrecido al Departamento de Educación comenzar a prestar los servicios a los niños y continuar un dialogo sobre el valor del servicio, lo cual Román Meléndez ha rechazado, ya que quiere imponer una reducción de 30 por ciento del costo de las terapias.
Por el contrario, según la acción legal de la APPST, que agrupa a terapistas ocupacionales, físicos, de habla y lenguaje, psicólogos, patólogos del habla y audiólogos, el secretario de Educación “no ha aceptado y les ha impuesto mediante ultimátum hasta el 27 de agosto del 2015, como fecha límite para aceptar la reducción en el valor de su servicio”.
Según la demanda, interpuesta por el licenciado Leonardo Delgado Navarro, desde julio pasado se ha trabado una controversia pues el secretario de Educación ha indicado que no contratará para dar servicio a los niños si los terapistas no aceptan una reducción de aproximadamente un 30 por ciento del valor de la terapia.
Los terapistas afirman que han estado en la disposición de dialogar, mas el secretario de Educación se ha negado a reunirse con ellos.
En una moción que acompaña la demanda, la APPST expresó que se ha propuesto al Departamento de Educación “aceptar los contratos, comenzar los servicios y continuar un dialogo sobre cuál es el valor del servicio prestado”.
“Lo antes propuesto salva a los estudiantes de la pérdida de prestación de servicios, a los comparecientes de perder su trabajo y abre un espacio donde de forma sosegada se llegue a un entendido entre las partes”, se indica en la moción.
Según la organización de profesionales, “ante la obstinación de la demandada se vuelve un imperativo que el Tribunal emita un interdicto preliminar ordenando que no se cancelen los contratos por la no radicación antes del 27 de agosto del 2015 o, en su defecto y como un camino a la búsqueda de lo justo a través de la equidad, se ordene la aceptación de los contratos en lo que se dilucida la controversia”.
La Unidad de Remedio Provisional es uno de los logros del pleito de clase Rosa Lydia Vélez y otros vs. Awilda Aponte Roque y otros para que se encargue de proveer los servicios de evaluación y terapia, servicios suplementarios y servicio de apoyo a estudiantes del programa de Educación Especial, para los cuales se determinó que son elegibles y el único impedimento para no recibirlos es que Educación no cuente con los recursos para ofrecerlos en el momento que son recomendados.
