Columna de Olvin Valentín: Hacienda vs. las OSFL

Yo personalmente no veo nada malo en la fiscalización. Como indica Zaragoza, en efecto hay personas que establecen una corporación sin fines de lucro, pero son operadas como negocios familiares. Por ello, es importante que el Estado haga su función y se asegure que estas entidades realmente cumplen una función social que amerita la exención otorgada.

Ahora bien, hay algo que no entiendo del anuncio del Secretario. Según publicado en los medios, Zaragoza establece que “el problema con las sin fines de lucro es que utilizan su certificación con Hacienda, eso (las certificaciones) se otorgó en 1968, por ejemplo, pero nunca se ha validado si llevan a cabo la actividad que dijeron” [cita directa].

Algo no esta bien aquí. O el Secretario no está al tanto de algunos procesos internos en Hacienda, o los procesos internos simplemente son estorbos para las organizaciones que realmente no componen nada ni son revisados por nadie. Me decanto por la segunda, aunque me preocupa que ese sea el caso.

Todas las organizaciones sin fines de lucro con exención contributiva estatal deben solicitar cada año un certificado de vigencia de su exención. Este documento establece que el privilegio contributivo que se le otorgó a la entidad en efecto sigue vigente. Para obtener dicha certificación, Hacienda solicita que las organizaciones sometan una declaración jurada proveyendo información de la entidad, como la composición de la junta de directores, las actividades realizadas durante el año anterior y otra información financiera. Luego de un tiempo de recibir la declaración jurada, Hacienda emite un certificado de vigencia de exención contributiva. ¿No debería ser ese el proceso idóneo para verificar que las entidades siguen operando según establecieron cuando solicitaron su exención contributiva? Si no es así, entonces, ¿para que nos hacen someter una declaración jurada con esa información si de todos modos Hacienda no tiene ni idea de lo que están haciendo las organizaciones? ¿Qué hacen con esa información? ¿Acaso alguien lee eso? Siempre pensé que esa era una buena forma de Hacienda para garantizar que las entidades continuaban realizando una labor social y que continuaban mereciendo la exención. Pero si no es así, no entiendo la razón de que exista este procedimiento. Me resisto a creer que les hacen pasar a las OSFL por este proceso e invertir en abogados para simplemente archivar un documento.

De todos modos, volviendo al asunto de la auditoría que realizarán a las OSFL por toda la isla, mi duda es, ¿cómo van a hacerlo? Hacienda no ha sido muy eficiente en algunas de sus responsabilidades, como enviar en un tiempo razonable los reintegros a los contribuyentes o lograr recaudar las contribuciones correctamente. Más pertinente aún, Hacienda se tarda aproximadamente dos años en evaluar las solicitudes de exenciones contributivas de las organizaciones sin fines de lucro. Ante este desalentador panorama, ¿cómo, siendo realistas, el Departamento de Hacienda va a realizar estas auditorías a miles de organizaciones por toda la isla? El plan es asignar uno o dos empleados de cada región administrativa para esta tarea como parte de un nuevo plan de auditoría fiscal. Aún no entiendo cómo lo harán. Y esos empleados, ¿no tenían otras funciones importantes que hacer? Si no es así, ¿qué hacen en la nómina gastando dinero público? Pero si en efecto tienen responsabilidades, que debemos asumir que así es, ¿quién las realizará ahora? ¿Contratarán más empleados? ¿Será que no eran funciones tan importantes? Supongo que esas preguntas las contestará en su tiempo el Secretario.