AGP eleva queja de Justicia federal a Casa Blanca

A raíz de los señalamientos que el Departamento de Justicia federal hiciera en contra de varias agencias gubernamentales de la isla sobre el supuesto mal uso de fondos federales, el gobernador Alejandro García Padilla se querelló con el copresidente del grupo de trabajadores de Casa Blanca, Stuart F. Delery, sobre la manera en qué fue enviada la información que coloca a la isla de “alto riesgo”.

Mediante una misiva García Padilla sostiene que “la carta fue enviada a una dirección de correo electrónico en la página web de mi oficina disponible para el público en general para generar comentarios”. Asimismo reclama que supo del asunto mediante una estación de radio, tras un periódico dar a conocer la misiva. Aseguró que la misma no ha sido entrega a su oficina. Por lo que al momento no responderá al período de tiempo de 30 días previsto en la carta para responder a los señalamientos.

También catalogó como una falta de respeto al pueblo que ni siquiera la misma explicara el período de tiempo cubierto por presuntos hallazgos del Departamento de Justicia, lo que considera “inaceptable”.

Parte de las restricciones que incluye la carta para las agencias penalizadas está que solo se provean fondos mediante el mecanismo de reembolso, que tengan que someter documentos financieros según les sean solicitados o que se les coloque un monitoreo fiscal que se conducirá con poca notificación previa.

Las dependencias calificadas como de alto riesgo fueron el Departamento de Justicia local, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la Administración de Tribunales, la Oficina de Seguridad Pública, la Procuraduría de las Mujeres y los recintos de Río Piedras y Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Específicamente se apuntó a la crisis fiscal de la isla como uno de los elementos que precipitó la acción de Justicia federal, así como “costos cuestionados y debilidades significativas en la gestión financiera”.

La carta fue enviada el pasado lunes por el Departamento de Justicia federal, pero fue difundida en primicia en Metro el martes. La misiva y los señalamientos se dan en momentos en que el Gobierno se encuentra en el proceso de iniciar una renegociación de la deuda pública de la isla de $72,000 millones.