AGP pide rectificación federal, mientras Pierluisi y Rivera Schatz exigen explicaciones

El gobernador Alejandro García Padilla afirmó hoy que el Departamento de Justicia federal debe rectificar su señalamiento contra el Gobierno de Puerto Rico por supuesto mal manejo de fondos federales en varias dependencias gubernamentales, imputación que fue manifestada en una carta enviada a Fortaleza el pasado martes en la que expresaban que solo desembolsarían fondos mediante el mecanismo de reembolso.

“Ellos mismos reconocen en la carta que los manejos (con los fondos federales) han mejorado. Por eso es una carta en realidad contradictoria en sí misma y ellos tienen que explicar mejor”, afirmó escuetamente el gobernador en un aparte con los periodistas tras participar de un reconocimiento al expresidente de la Cámara José Ronaldo Jarabo, en el Capitolio.

El primer ejecutivo señaló que mantienen comunicación con Justicia federal, agencia que emitió la notificación, y con Casa Blanca, pero no dijo si iniciaron ya el proceso para que se reconsidere la decisión. Parte de las restricciones que incluye la carta para las agencias penalizadas está que tengan que someter documentos financieros según les sean solicitados o que se les coloque un monitoreo fiscal que se conducirá con poca notificación previa.

Por su parte, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, expresó en la misma actividad que solicitó un “informe detallado” al Departamento de Justicia federal para que aclare sus imputaciones, ya que la carta “no es clara en algunos puntos y, por lo tanto, en este momento no es apropiado describir las preocupaciones expresadas” por la agencia federal.

“El gobierno de García Padilla tiene que explicarle al Departamento de Justicia federal y al público en Puerto Rico qué pasos inmediatos va a tomar hacer frente a los problemas de manejo de fondos federales identificados por Justicia federal. Si hay un patrón aquí, es un patrón de incompetencia por parte de la administración García Padilla”, declaró Pierluisi.

Sobre el particular, el senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz destacó que esta situación “agrava la situación fiscal y económica de Puerto Rico” ya que los fondos no estarán disponibles a menos que el Gobierno los invierta primero para que luego se le reembolsen.

“El Gobierno federal ha levantado una bandera de alerta con lo que está relacionado a la asignación de fondos por la desconfianza que está generando el actual Gobierno de Puerto Rico ante los mercados y el propio Gobierno federal. Espero que tengan algún plan de contingencia inteligente para manejarlo”, sentenció el legislador.

Las dependencias calificadas como de alto riesgo fueron el Departamento de Justicia local, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la Administración de Tribunales, la Oficina de Seguridad Pública, la Procuraduría de las Mujeres y los recintos de Río Piedras y Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Específicamente se apuntó a la crisis fiscal de la isla como uno de los elementos que precipitó la acción de Justicia federal, así como “costos cuestionados y debilidades significativas en la gestión financiera”.

La carta fue difundida en primicia por Metro el pasado martes, y ayer el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, indicó ayer que esto representaba una situación delicada para la administración, que se encuentra en un proceso de renegociar la deuda de $72,000 millones de la isla.

Ortiz manifestó que solicitaron información para conocer las razones por la penalización.