Acción federal pone en jaque al Gobierno de Puerto Rico

“El impacto puede variar de agencia en agencia. No es que nos quitan los fondos, pero sí se establece que será con un mecanismo de reembolso, es decir, que se haga el gasto y luego viene el mecanismo de reembolso. Eso nos presenta un problema, porque el Gobierno tiene un problema de liquidez… [La situación] es delicada en este momento”, dijo Ortiz. Se estima que los fondos afectados ascienden a poco más de ocho millones de dólares.

El funcionario indicó que ayer mismo tuvieron una conversación telefónica con personal de Justicia federal —agencia que emitió la notificación al Gobierno local— en la que le manifestaron inconformidad con el proceso. Según Ortiz, la carta no había llegado ayer a La Fortaleza e incluso se enteraron por una comunicación electrónica mediante un correo en la página de La Fortaleza para que los ciudadanos envíen comunicaciones, luego de que la noticia fue difundida en los medios. Justicia federal calificó a un grupo de agencias que reciben fondos de sus programas como entidades de alto riesgo, por lo que condicionó el uso de estos dineros federales a una serie de medidas de control fiscal. Las dependencias calificadas como de alto riesgo fueron el Departamento de Justicia local, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, la Administración de Tribunales, la Oficina de Seguridad Pública, la Procuraduría de las Mujeres y los recintos de Río Piedras y Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Específicamente se apuntó a la crisis fiscal de la isla como uno de los elementos que precipitó la acción de Justicia federal.

Parte de las restricciones incluyen que solo se desembolsarán fondos federales mediante el mecanismo de reembolso; Puerto Rico debe someter documentos financieros que le sean solicitados en cualquier momento; además, puede estar sujeto a monitoreo fiscal, que se conducirá con poca notificación previa.

“Le requerimos información sobre las razones [para la acción], porque no está del todo claro cuáles son los hallazgos, en qué años ocurrieron… Hay agencias que recibieron la carta y otras que no… Hay conversaciones que faltan por tener. Quedamos en hablar más tarde”, dijo Ortiz. De esas conversaciones dependerá el curso de la acción a seguir por parte del Gobierno de Puerto Rico, que podría apelar la determinación de Justicia federal. Ortiz indicó que entienden todo tiene su génesis en una auditoría que cubrió los años 2008 al 2012.

Mientras tanto, la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, reclamó al Gobierno federal que los fondos de su oficina no sean afectados por la auditoría al Departamento de Justicia local. “Los únicos fondos que la OPM recibe como subrecipiente o beneficiario del Departamento de Justicia de Puerto Rico son los fondos Victims Of Crime, que representan menos del 1 % de nuestro presupuesto, pero de los que se subvencionan varios empleos. En la utilización de esos fondos OPM tampoco ha tenido señalamiento o hallazgos, pero, al ser congelados para el Departamento de Justicia de Puerto Rico, también nos veremos afectados. Cónsono con lo anterior, nos hemos comunicado directamente con el Office Against Women y con el DOJ federal para solicitar el relevo de nuestra agencia y de los fondos de STOP VAW de esa determinación por estos no recibirse a través del Departamento de Justicia de Puerto Rico y nuestra agencia no tener ningún señalamiento o hallazgo  en el manejo de estos”, lee una carta de Vázquez
al gobernador.