--- title: "Impunidad en la debacle fiscal en la isla" description: "El Gobierno de Puerto Rico enfrenta hoy una debacle fiscal que afecta directamente y a diario a sus ciudadanos por la negligencia sostenida de funcionarios…" canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2015/08/13/impunidad-en-la-debacle-fiscal-en-la-isla" section: "Noticias" author: "Omaya Sosa Pascual" author_url: "https://www.metro.pr/autor/omaya-sosa-pascual" published: "2015-08-13T03:00:00.000Z" updated: "2022-02-19T13:48:10.920Z" publisher: "Metro Puerto Rico" language: "es" --- # Impunidad en la debacle fiscal en la isla _El Gobierno de Puerto Rico enfrenta hoy una debacle fiscal que afecta directamente y a diario a sus ciudadanos por la negligencia sostenida de funcionarios…_ Por Omaya Sosa Pascual · Noticias · 2015-08-13T03:00:00.000Z El Gobierno de Puerto Rico enfrenta hoy una debacle fiscal que afecta directamente y a diario a sus ciudadanos por la negligencia sostenida de funcionarios clave durante al menos los pasados 15 años. Nadie ha sido referido o amonestado, investigado ni procesado, por lo que, según las leyes vigentes, podrían ser delitos. Mientras tanto, el déficit público anual creció en un 600 % desde el año fiscal 2000, según la cifras provistas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). La deuda pública ronda los $71,171 millones y su pago en el año fiscal 2016 absorberá el 16 % del presupuesto consolidado, casi el doble de lo que se asigna a Educación y Salud, y seis veces lo que se asigna a la Policía. El informe Krueger, emitido en junio, estima que al 2015 y prospectivamente la deficiencia real entre ingresos y gastos del Gobierno fluctuaría entre $3,500 millones y $8,500 millones anuales. Aunque hay por lo menos media docena de leyes que prohíben el sobregasto, la emisión de deuda para pagar déficit, y la derogación de fondos públicos en asuntos que no sean estrictamente necesarios para las funciones de ley de las agencias, nunca ha habido consecuencias para los principales responsables: los secretarios de Hacienda, los directores ejecutivos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), los presidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y, sobre todo, los gobernadores de Puerto Rico. Así lo reconocieron los jefes de las tres agencias. También ha habido total impunidad para los jefes de agencias y corporaciones públicas que exceden sus gastos y que podrían ser referidos por el director ejecutivo de OGP, el secretario de Hacienda de turno y el propio gobernador para acción incluso criminal al Departamento de Justicia, como disponen las leyes orgánicas de ambas agencias y la Ley de Reforma Fiscal del 2006, indagó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El profesor Hiram Morales, exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, explicó que los legisladores han abordado el tema de la negligencia de los funcionarios en los asuntos del manejo presupuestario y fiscal del Gobierno a través de leyes especiales que imponen penas administrativas y penales, pero no desde el punto de vista de la ética, por lo que no manejó ningún caso de este tipo durante su incumbencia en la dependencia desde 1997 a 2007. En declaraciones escritas el Departamento de Justicia indicó que la agencia solo han atendido dos casos relacionados con estas leyes, ambos por querellas contra legisladores en asuntos menores que no han resultado en acusaciones. Justicia confirmó que nunca ha procesado a un funcionario del Ejecutivo por violaciones a las leyes fiscales y presupuestarias. El secretario César Miranda no estuvo disponible para una reacción sobre el asunto, pero su oficial de prensa, Amber Lee Vélez, envió una ponencia del funcionario en la que este establece que la negligencia fiscal es un forma de corrupción y la gran cantidad de contratos de gobierno una vía para la comisión de este delito. Ya desde el 2006, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá había declarado que el gobierno se encontraba en una “crisis fiscal” por la negligencia de las administraciones anteriores. Esto volvió a ocurrir en el 2009 bajo el mandato de Luis Fortuño, quien declaró una “grave emergencia fiscal” en la Ley 7 por causa de “las políticas fiscales irresponsables” implementadas desde 2006, “donde se usaron proyecciones irreales de ingresos para justificar gastos en exceso”, reza la exposición de motivos del estatuto. Sin embargo, durante su administración, el déficit se disparó de los cerca de $1,974 millones registrados en el 2006 a $3,393 en el 2012, según el informe financiero del Estado Libre Asociado. La actual administración de Alejandro García Padilla hizo lo propio con la Ley 66 tras la degradación del crédito del Gobierno, donde se adjudica la situación a la “falta de prudencia y eficiencia” de pasadas administraciones en el uso de los recursos públicos y a la incapacidad de generar actividad económica. En su discurso público, el equipo fiscal de esta administración, y en ocasiones el propio gobernador han sido más severos, acusando directamente a la administración Fortuño de decisiones negligentes. En su Mensaje de la situación de estado del país, ofrecido a la Legislatura en abril, García Padilla dijo que la administración Fortuño realizó “préstamos irresponsables”, ya que en cuatro años tomó más dinero prestado que otros siete gobernadores juntos en 52 años de gobierno. Excluyó de su análisis a sus correligionarios Acevedo Vilá y Sila Calderón. Tampoco ha hecho referidos para que se investigara nada. **¿Por qué no se ha tomado acción?** Ninguno de los tres funcionarios que ocupan los puestos en la presente administración —el director de OGP, Luis Cruz, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y la presidenta del BGF, Melba Acosta— pudieron responder la pregunta, pese a que reconocieron que la impunidad es buena parte del problema fiscal de Puerto Rico. A pesar de lo compleja que parece la situación debido a la acumulación de $71,171 millones en deuda pública de diversos tipos y a la cantidad de medidas ideadas administración tras administración para continuar operando en déficit, todo ha sido bastante simple y evidente por las pasadas dos décadas. Una revisión de los estados financieros del ELA muestra que desde 1999 la isla solo ha alcanzado los recaudos proyectados en cuatro años fiscales. Basándose en estas proyecciones erradas es que el Gobierno asigna sus gastos. A esto se suma que las agencias y corporaciones públicas consistentemente han gastado más de lo presupuestado y que el Estado históricamente no incluía el pago de la deuda pública y préstamos y transferencias para cubrir déficits entre sus gastos. Juntos, la sobrestimación de recaudos y el sobregasto, producen una deficiencia fiscal enorme. Presupuesto tras presupuesto dicha brecha se ha cubierto con emisión de deuda, medidas fiscales de recaudo “de aire” o “de fantasía” y contabilidad creativa. El análisis realizado por los execonomistas del Banco Mundial Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolf por encomienda de la administración García Padilla, evaluó que la sobrestimación “sistemática” y “extremadamente optimista” de recaudos desde 2004 ronda los $1,500 millones anuales y el verdadero déficit fiscal del Gobierno de Puerto Rico es “mucho mayor” que lo que se ha asumido hasta el presente. Diversos estudios a lo largo de los años habían señalado ya los serios problemas que tienen el proceso presupuestario y de estimación de recaudos, y la contabilidad general del Gobierno sin que ninguna administración haya tomado acción. El resultado es la monumental deuda que pagan los ciudadanos, de la cual al presente el Gobierno nunca ha dado cuenta. Pese a peticiones múltiples del CPI, el BGF y OGP no pudieron precisar cuánto de ese dinero ha sido invertido en obra que verdaderamente beneficie al país y su desarrollo económico, y cuánto ha sido para obra superflua o redundante, tales como instalaciones municipales de todo tipo o megaestructuras que se convierten en elefantes blancos o para cubrir déficit. El BGF solo pudo proveer un desglose de la deuda por agencia o corporación pública que da cuenta de $61,542 millones. Pese a múltiples peticiones, no ha provisto el desglose de la procedencia de los restantes $10,000 millones que el BGF sostiene que el Gobierno tiene en deuda en su informe de cierre de año fiscal 2015. A preguntas del CPI, Acosta indicó que no corresponde al BGF pasar juicio sobre la pertinencia de una obra o proyecto cuando una agencia, corporación o municipio pide un préstamo; solo le toca evaluar su capacidad de repago. Pese a que la actual administración del gobernador Alejandro García Padilla ha sostenido que terminó con el patrón de negligencia fiscal, tal y como lo han reclamado sus predecesores, los datos y hechos confirman que continúa. Desde que entró en funciones en enero de 2013 este Gobierno ha concedido más de $13,000 millones en contratos, cifra comparable a la del Gobierno anterior, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, y en junio volvió a firmar un presupuesto —el más alto de los pasados cinco años— que excluye el pago de $300 de millones en deudas de agencias con el BGF. Ante cuestionamientos, Acosta reconoció que la Asamblea Legislativa dejó fuera del presupuesto corriente dichas partidas correspondientes a pagos de deuda de agencias con el BGF, afectando la ya delicada liquidez del BGF. La presunta “reserva” que creó el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, es en realidad el pago de deuda local que está siendo empujada hacia el futuro, encontró el CPI. Contrario a lo que dispone la Ley de Reforma Fiscal de 2006, el presupuesto tampoco incluye consolidación de agencias ni recortes significativos de gastos. El director de OGP reconoció en entrevista con el CPI que en el presupuesto corriente no se hicieron cambios estructurales al Gobierno ni recortes de nómina. Según dijo, los cambios formarán parte del plan que elabora la Junta Fiscal nombrada por el gobernador a raíz de las recomendaciones del informe Krueger y que deberá de estar listo el 30 de agosto. [Lea el reportaje completo para que conozca de quién es la culpa y cómo la ley cayó en letra muerta. Acceda a www.cpipr.org.](http://periodismoinvestigativo.com/) --- Contenido de Metro Puerto Rico. Versión canónica en HTML: https://www.metro.pr/noticias/2015/08/13/impunidad-en-la-debacle-fiscal-en-la-isla — al citar o enlazar, usar esa URL.