Columna de Hiram Guadalupe: Utopía neoliberal

La sociabilidad del Estado, desde esa perspectiva, no es admisible como tampoco son importantes las protecciones laborales ni las garantías permanentes y temporales del trabajo porque, en ese paradigma, lo único que prima es el orden de la flexibilidad.

Bajo esa quimera, los estados deben estar subordinados a las exigencias de la llamada libertad económica suprimiendo todas las reglamentaciones a los intereses del mercado. Hay, a su vez, que prohibir los déficits, recortar los gastos sociales, elevar los impuestos y alentar una política de privatización generalizada de los servicios públicos.

La implantación de estas políticas se harán sentir con el advenimiento de nuevas normas para regir el mercado laboral, entre las que destacarán contratos de trabajo de duración determinada o provisionales sin beneficios y la desreglamentación de la jornada de ocho horas, entre otras.

La intención es particularizar la relación salarial en nombre de la competencia y el mérito individual, lo que sugiere a su vez golpear la posibilidad de la existencia de gremios sindicales. Es instaurar la lucha de todos contra todos; abandonar la idea del propósito colectivo e imponer el discurso de la libertad individual. Como han dicho algunos teóricos “instaurar la pasión individual del beneficio”.

El éxito de ese modelo económico neoliberal, trazado aquí a grandes rasgos, traerá como consecuencia una precarización mayor de nuestra población, con tasas de desempleo más altas, menos leyes protectoras, más arbitrios, reducción de servicios públicos y el encarecimiento de la vida cotidiana de nuestra ciudadanía.

Podemos hablar, además, de la secuela destrucción de las instancias colectivas aptas para contrarrestar los estragos de esas medidas porque, anótelo bien, el éxito del neoliberalismo está sujeto a la existencia de un orden político que garantice su sobrevivencia a toda cuesta, impidiendo el avance de aquellas fuerzas sociales de resistencia que propendan a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Al margen de los efectos que producen las políticas neoliberales, en Puerto Rico prevalece un discurso mediático y político que clama por la salvación del país inyectándonos dosis cada vez más fuerte de esa amarga medicina. Se habla, entre tantas cosas, que el amparo de nuestro futuro está en el desmantelamiento del orden social, desmembrando el espacio público para viabilizar el crecimiento económico. Por eso, en la enumeración de los culpables de la desesperante crisis que agobia al país se señala al gigantismo gubernamental, los desempleados, los pobres y los empleados públicos, grupos a los que también se han agregado, según figuras importantes del gobierno, alegados profesionales evasores de impuestos.

Poco o nada se dice, en cambio, de las ventajas económicas que gozan las grandes empresas extranjeras en la isla que expatrian sus millonarias ganancias. También se disimula el monto de beneficios tributarios que se les ofrecen a los grandes millonarios para que inviertan su capital en un país en quiebra y a su paso vayan apropiándose de todas las riquezas del archipiélago caribeño.

Ese discurso de la utopía neoliberal es el sonsonete que se escucha a diario en las ondas radiales entre clichosos y pseudoexpertos comentaristas, hasta versados analistas noticiosos, y que se acompañan bien con trazos editorialistas en notas de prensa escrita y reportajes televisivos. El estruendo de esas voces, estratégicamente, nos va hechizando con la idea de que ese es el único camino hacia nuestra salvación colectiva.

Por eso, cuando desde el gobierno algunos funcionarios admiten que la deuda pública del país es impagable, que es necesario proteger el gasto público de áreas esenciales, que hay prestamistas que tendrán que esperar por sus ganancias y que es necesario sentarse a renegociar comienzan a llover los titulares de histeria y amenaza advirtiendo que un impago nos llevará al peor de los caos.
Nos mienten, por supuesto.