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section: "Noticias"
author: "Víktor Rodríguez @viktor_rodz"
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published: "2015-07-29T03:00:00.000Z"
updated: "2022-02-19T15:21:39.305Z"
publisher: "Metro Puerto Rico"
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# Insuficiente la quiebra federal, según el CNE

_“Necesaria, pero insuficiente”. Así catalogó Sergio M. Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), la aspiración de que se…_

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz · Noticias · 2015-07-29T03:00:00.000Z

“Necesaria, pero insuficiente”. Así catalogó Sergio M. Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), la aspiración de que se incluya a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal y que podría resolver en parte la carga de una deuda externa que sobrepasa los $70 mil millones.

Las expresiones de Marxuach se desprenden de un análisis publicado en la plataforma web del CNE, ([Chapter 9 for Puerto Rico: Necessary but not Sufficient](/x/metro/2015/07/29/MxOzZfpv2V2/)), un día después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitara al Congreso la inclusión de Puerto Rico en este estatuto.

“Permitir que Puerto Rico se valga del Capítulo 9 para ajustar su deuda proporcionaría un marco útil para abordar las fallas de coordinación e información existentes, pero también destacamos que de ninguna manera es una solución completa o perfecta para todos los problemas de Puerto Rico, ni siquiera para la crisis de sus deuda”, sostiene Marxuach en su escrito.

En concreto, el economista señala que junto con la búsqueda de la aplicación de esta ley, “el Gobierno federal también debe establecer un programa de acción integral para eliminar algunas de las desventajas impuestas a Puerto Rico en virtud del acuerdo político actual y eliminar algunas de las políticas discriminatorias”.

Más específico, Marxuach propone que ese programa de política integral incluya, entre otras cosas, “eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje (Ley Jones), que requieren el uso de relativamente de buques estadounidenses para el comercio entre Puerto Rico y el continente, igualdad de trato en virtud de los programas de salud federal, como Medicare, Medicaid y la Ley de Asistencia Asequible, y la ampliación del programa de Crédito por Ingreso del Trabajo federal para Puerto Rico (EITC, por sus siglas en inglés)”.

“En nuestra opinión, la situación actual no permite una acción gradual por Washington, se necesita un plan de amplio alcance. El Congreso de Estados Unidos no puede simplemente seguir ignorando sus obligaciones históricas y morales con respecto a Puerto Rico. El fracaso del Congreso para actuar no solo pone de manifiesto la falta de voluntad política para resolver los problemas de un territorio invadido vergonzosa y pusilánime por Estados Unidos en 1898, sino que también debilita posición moral de Estados Unidos en la arena internacional, cuando se argumenta a favor de un mejor tratamiento de Hong Kong por parte de China, para los palestinos por parte de Israel, o para Grecia por los miembros de la Eurozona”, sentenció el economista.

A pesar de esto, el economista también argumenta que en un escenario en el que el Congreso diera paso a la aplicación de esta Ley de quiebra federal, la situación entraría en un dilema de “proceso”, pues el estatuto es aplicable a “municipios”, es decir, una subdivisión política, agencia pública o instrumento de un Estado.

“Esta limitación impediría Puerto Rico desde la presentación de una solicitud de ajuste con respecto a sus bonos de obligación general porque dichos bonos son emitidos por el Gobierno central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que por definición no es un ‘municipio’”, explicó Marxuach.

Sin embargo,  el experto apuntó que con ese tranque de terminología “se plantearía un asunto interesante en el caso de una presentación del Capítulo 9 por una instrumentalidad gubernamental de Puerto Rico, como las Autoridad de Edificios Públicos, cuya deuda ha sido garantizado por el Estado Libre Asociado”.

En el caso de la responsabilidad de Puerto Rico, Marxuach sostiene que el país, por su parte, debe aumentar los ingresos fiscales para fortalecer y mejorar los esfuerzos de aplicación, reprimir la corrupción del Gobierno, cerrar lagunas fiscales ineficaces, reducir los impuestos al sector privado, modernizar su sistema de impuestos a la propiedad, alentar a los trabajadores a pasar del sector informal a la economía formal y elaborar y aplicar un plan de ajuste fiscal de cinco años con un fuerte apoyo de una amplia base de partes interesadas en Puerto Rico”.

“Una vez dicho esto, el pueblo de Puerto Rico y su Gobierno deben entender que el Capítulo 9 no es la solución final a la crisis de la deuda ni tampoco es una opción sin consecuencias. De hecho, cuando se trata de abordar el problema de la deuda, todas las opciones implican costos económicos significativos e implicaciones política”, concluye Marxuach.

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