Junta de Control Fiscal quitaría poderes al Ejecutivo y el Legislativo
El Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico se reunió hoy por cuarta ocasión para discutir el borrador del proyecto de ley para crear una…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
El Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico se reunió hoy por cuarta ocasión para discutir el borrador del proyecto de ley para crear una Junta de Control Fiscal cuyo propósito principal sería hacer cumplir el plan fiscal a cinco años que se presentará el próximo 31 de agosto, de cara a un proceso de renegociación de la deuda de $72,000 millones.
Aunque fueron pocos los detalles que se ofrecieron, ya que continúan debatiendo cuántos poderes se le otorgará, por cuánto tiempo estará activa, quiénes integrarán el ente y quién los nombrará, el secretario de Justicia, César Miranda, adelantó que lo más probable es que la Junta de Control Fiscal comparta poderes del Ejecutivo y el Legislativo, como ocurrió con juntas similares en otros estados y países, para darle credibilidad y certeza al proceso.
“En todos los casos siempre va a haber alguna convergencia con poderes constitucionales que ya existen, ya sea en el Ejecutivo o Legislativo, y esas son las áreas que tenemos que atender en un momento dado, desde la designación de las personas que van a estar en la Junta de Control Fiscal, que es una capacidad hoy del Ejecutivo exclusivamente, hasta ciertas actuaciones que pueda llevar a cabo esa Junta de Control Fiscal que podrían, en alguna forma, ser coexistentes con funciones que son del Ejecutivo”, manifestó Miranda en una rueda de prensa al concluir el encuentro.
Los integrantes del Grupo de Trabajo afirmaron que, para crear la junta y el plan fiscal a nivel local, evalúan las juntas de control fiscal creadas en Nueva York, Detroit, Washington D. C. y Jefferson County, así como los planes fiscales creados en Jamaica, Irlanda y otros países como parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de las ciudades, las juntas solían tener poderes sobre los políticos, pero respondían al gobierno estatal.
“La situación en Puerto Rico es distinta a otras juntas que se hayan creado en otros lugares, porque en otros lugares tenían que ver con la quiebra o posible incumplimiento de ciudades. En Puerto Rico estamos hablando de una jurisdicción estadual, así que tiene un ámbito distinto”, indicó Miranda, que liderará las reuniones con los asesores en torno a este proyecto de ley.
Aunque discuten los poderes de esta junta, la capacidad para renegociar convenios colectivos con los sindicatos “no está planteado”, sentenció, por su parte, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez. “El plan de ajuste a largo plazo económico y fiscal lo presentamos y lo creamos nosotros. Ellos se encargan de que se cumpla”, sostuvo.
Por otro lado, Suárez destacó que la junta “tiene que estar compuesta por miembros independientes, que tengan independencia de criterio, no sean ni legisladores ni miembros del Ejecutivo”. Pero no dio detalles de quiénes se consideran o de qué sectores.
Agregó que todavía continúan en discusiones sobre si la Casa Blanca o los bonistas deberían tener injerencia en el proceso de selección de los integrantes, quienes se ha dicho podrían ser nombrados por el gobernador Alejandro García Padilla o seleccionados por este dentro de una lista de opciones.
Cabe señalar que en noviembre de 2016 es el proceso eleccionario y si hubiera un cambio de Gobierno, la próxima administración deberá acatar las determinaciones que tome esta junta.
